Más de 200 personas se reúnen mañana para celebrar con el sindicato Anpe el Día del Docente, en torno a San José de Calasanz. Un total de 49 profesores jubilados y más de 90 profesores afiliados que han superado las oposiciones a los cuerpos docentes de funcionarios recibirán un homenaje.
Ante el panorama educativo actual, el sindicato independiente, presidido por Roberto Sánchez, pide que el profesor "debe tratarse como autoridad pública, por el conocimiento, saber estar y responsabilidad de los docentes". Y es que aún siguen produciéndose casos de violencia de alumnos, y en menor caso, de padres, hacia profesores de Secundaria. Y así lo recoge el Teléfono del Profesor, que desde octubre del año pasado ha atendido 40 llamadas, la mayor parte referidas a la violencia escolar. "Siguen denunciando casos de insultos verbales, agresiones físicas, y últimamente están levantando falsos testimonios sobre el profesorado", comenta el presidente de Anpe, Roberto Sánchez.
Ante los numerosos escolares de otras nacionalidades, desde Anpe piden una "mejor integración de los alumnos con la puesta en marcha de programas específicos". Asegura Sánchez, que fue una de las mejoras propuestas en una orden del Plan de Mejora de la Calidad y Rendimientos Escolares, que Anpe apoyó en la mesa de negociación sindical. "Es un Plan de Calidad positivo porque el número de profesores aumentará en 4.000 este curso para apoyar planes en centro bilingües o TICs, entre otros, y atenderán a alumnos que necesitan una atención educativa especial".
Ante la denuncia de sindicatos que aseguran que el Plan es un "chantaje económico" para aprobar a más alumnos, Sánchez recuerda que "al profesorado se les plantea objetivos como el hacer que el alumnado consiga mejores resultados".
Ante la asignatura 'Educación para la Ciudadanía', desde Anpe explican que "son los padres los responsables de la educación de sus hijos y el profesor ha de tener libertad de cátedra para impartirla”. En la provincia se han presentado 629 objeciones de conciencia a la asignatura, y Sánchez recuerda que "si los padres no están de acuerdo con que los hijos reciban esa formación tienen todo el derecho de movilizarse y actuar".
