Ese martes, un grupo de familias se concentró a las puertas del CEIP Bahía de Barbate. Frente al centro escolar, una pancarta decía alto y claro lo que muchos llevaban tiempo sintiendo en silencio: “Educación de calidad no es igual a ratio desbordada”. No era una simple protesta. Era un grito de auxilio. Una llamada a la conciencia de una administración que, según denuncian, no está respondiendo a las necesidades reales del alumnado más vulnerable: los niños y niñas con necesidades educativas especiales.
La concentración, promovida por familias y respaldada por profesionales del propio centro, pone el foco sobre la falta de recursos humanos y materiales destinados a atender adecuadamente a este alumnado. La situación se ha hecho insostenible en el Aula Específica TEA del centro, que atiende a menores con Trastorno del Espectro Autista.
“El aula fue creada este mismo curso y ya comenzó con cuatro discentes. A lo largo del segundo trimestre se incorporó un quinto, y ahora se pretende incluir a un sexto alumno, lo que superaría la ratio máxima permitida por la normativa vigente en Andalucía”, explica Elena Leiva Chacón, tutora del aula y maestra de Pedagogía Terapéutica.
Según las instrucciones de la Viceconsejería de Educación, recogidas en el documento oficial del 25 de febrero de 2025, el número de alumnos en aulas específicas debe oscilar entre tres y cinco en el caso del alumnado TEA. La llegada de un sexto alumno rompe ese equilibrio legal y funcional.
“Lo que se vive dentro del aula no puede medirse solo en cifras. El alumnado, en su mayoría, presenta un altísimo nivel de dependencia funcional, sin hábitos consolidados de trabajo. Requieren una atención individualizada, constante y estructurada. La situación actual ya dificulta esa intervención. Un alumno más puede suponer una desregulación total, tanto emocional como física”, denuncia Leiva.
El aula específica TEA carece, además, de los recursos materiales que por normativa le corresponderían al ser de nueva creación. “Todo lo que tenemos es gracias a donaciones, al programa IMPULSA y al material del alumnado de Formación Básica Obligatoria (FBO). Ni un solo recurso ha llegado directamente de la Consejería”, añade la docente.
Pero más allá de lo tangible, lo que preocupa a las familias y al equipo docente es la seguridad. En el aula se presentan conductas de riesgo como autolesiones, agresividad, huidas y una completa falta de conciencia del peligro. “No es solo cuestión de ratios, es una cuestión de humanidad”, lamenta una madre visiblemente emocionada.
La situación se ha visto agravada por la negativa de la Consejería de Educación a habilitar una nueva aula específica en el municipio, a pesar de la saturación existente en los centros. La única solución ofrecida ha sido repartir a los nuevos alumnos entre las dos aulas ya existentes, lo que ha derivado en una sobrecarga insostenible.
Además del aula TEA, el centro también reclama la necesidad de otro PETI (maestro/a de Pedagogía Terapéutica itinerante) y profesionales especializados que permitan abordar de forma adecuada las distintas necesidades que presenta el alumnado.
“Una educación inclusiva no puede ser solo un eslogan en un documento institucional. Tiene que traducirse en hechos, en recursos y en respeto a la normativa y a la dignidad del alumnado”, concluye Leiva, quien ha formalizado por escrito su desacuerdo ante la incorporación de un nuevo alumno y solicita que su declaración quede registrada de cara a futuras responsabilidades.
La comunidad educativa del CEIP Bahía de Barbate ha dejado claro que no se resignará al silencio. Con pancartas, palabras y gestos, seguirán reclamando una educación que no excluya por falta de medios. Porque, como ellos mismos han recordado hoy, “sus necesidades no caben en un aula sobrecargada”.
