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La Ley de Salud Pública no será real si no contempla medir sus resultados

Los expertos sostienen que la futura Ley General de Salud Pública, cuyo proyecto está en trámite parlamentario.

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Los expertos sostienen que la futura Ley General de Salud Pública, cuyo proyecto está en trámite parlamentario, se quedará en papel mojado y no será realidad si no recoge unos indicadores “objetivos” para medir sus resultados.

Ésta es la principal conclusión del estudio Desarrollo de indicadores poblaciones en Salud Pública, realizado por la Fundación AstraZeneca y la Universidad Europea de Madrid, a través de la Cátedra de Salud Pública y Gestión Sanitaria.

Los indicadores son parámetros estadísticos que permiten conocer el estado de salud de los individuos y de las comunidades de manera objetiva, a fin de poder llevar a cabo una planificación y gestión adecuadas de las políticas y programas de atención sanitaria.

Los doctores Agustín Rivero y Maravillas Izquierdo han denunciado que el texto legislativo que se debate en la Comisión de Sanidad no fija estos índices “clave” del Sistema Nacional de Salud, perdiendo una “importante oportunidad”.

Los expertos han alegado que frecuentemente la información obtenida por las autoridades sanitarias es “parcial o incompleta”, pues no se basa en los indicadores adecuados.

A ello contribuye la tendencia a implementar estrategias o planes para conseguir objetivos “vendibles” en cortos periodos de tiempo, “algo que obedece más a necesidades políticas que técnicas y, por supuesto, científicas”.
Esto explicaría, según los doctores, la profusión de estudios epidemiológicos descriptivos y analíticos frente a “auténticas” intervenciones preventivas en salud, que son las que verdaderamente causarían un impacto en la morbimortalidad de la población actual. Mientras nada cambie, la salud de España estará “atrapada en un modelo organizativo asistencial, pese a estar sufriendo un patrón de enfermar crónico y degenerativo”.

Los ponentes coinciden en que la eficacia del modelo preventivo “se minimiza” dado que sus resultados, especialmente en enfermedades no transmisibles y crónicas, “si bien son buenos, se obtienen a un plazo mucho más largo que los cuatro años que dura la legislatura”. “No interesan al objetivo político”, se denuncia en el estudio.

Se trataría de incorporar unos índices que permitan encaminar y evaluar las políticas de salud, en la línea de los criterios establecidos en Estados Unidos y de aquellos sobre los que está trabajando la Unión Europea a través del denominado proyecto Echim que emitirá sus conclusiones a finales de este año.

Julio Sánchez Fierro, patrono de la Fundación AstraZeneca, ha dicho que en España hay hasta 180 indicadores que ofrecen un panorama difuso, por lo que hay que volver a un número más pequeño, unos 12, que permitan saber en qué nivel se encuentran los españoles con respecto a otros países e, incluso, entre Comunidades Autónomas.

“Sin esta información, las políticas se llevarán a cabo de manera más defectuosa y menos potente de lo que podría ser”, ha matizado el experto, quien ha agregado que en este país los indicadores de salud se presentan de una manera “muy dispersa” y “no armonizados”. Izquierdo ha sugerido algunos de esos marcadores fundamentales que la Ley de Salud Pública debería recoger, divididos en tres subgrupos.

El primero, relativo a “resultados en salud”, analizaría la esperanza de vida al nacer; la mortalidad infantil; la esperanza de vida a los 65 años; la mortalidad por lesiones y los días perdidos debidos a problemas de salud físicos y mentales, medidos como la media de los últimos treinta días.

La salud percibida medida como porcentaje de adultos que consideren que su salud es mala; la prevalencia de
enfermedades crónicas y los problemas graves psicológicos.

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