El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy, con la oposición de IU, ICV y UPyD, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que ahonda en la coordinación y en la internacionalización del sistema de ciencia, apuesta por una mayor implicación de lo privado y prevé la retención de talento.

Esta ley, que sustituye a la de 1986, se ha aprobado con 289 votos a favor y tres en contra, después de dos años desde que se hiciera público su primer borrador, al que se han ido incorporando modificaciones de los agentes científicos y los grupos.

La ley, que define el sistema español de ciencia, tecnología e innovación, como un "sistema de sistemas", en referencia al papel en la I+D+i de las comunidades autónomas, hace hincapié en la innovación y emplaza al Gobierno a crear dos estrategias: la de Ciencia y Tecnología, y la de Innovación (ambas ya están en marcha).

Promueve la movilidad de los investigadores, propone tres modalidades de contrato -ninguno indefinido- y la creación en un año y con coste cero de la Agencia Estatal de Investigación.

La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha afirmado que con esta norma el país aspira a ser, además de un país de ciencia, un país de innovación.

"Es un gran día para la ciencia española, espero que suponga un punto de inflexión en cuanto al rendimiento y calidad del sistema", ha remachado la ministra, quien ha comparecido ante los medios acompañada de algunos diputados (PSOE, PP, PNV y CiU), y la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín.

Garmendia, quien ha valorado el consenso y el trabajo de los parlamentarios, ha dicho que prevé "años de estabilidad", espíritu que permanecerá a la hora de implantar y desarrollar las reformas.

Para la titular de Ciencia, hay algunos aspectos principales: la ley consigue un trabajo más estable para los científicos jóvenes, ya que cambia becas por contratos, y una carrera científica más predecible y perdurable que permitirá que la edad media de los científicos que opositen para un puesto fijo baje de 39 a 34 años.

Además, mejora la calidad del sistema, aumenta la implicación de las empresas y apuesta por la excelencia.

Preguntada por el coste cero de la agencia, la ministra, quien ha matizado que "siempre tendrá algún coste", ha relatado que esto se conseguirá convirtiendo la Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i en agencia y ha agregado que el nombre de quién la dirigirá será consensuado.

Sobre si va a retener talento y atraerlo, Garmendia ha mostrado su convencimiento de que atraerá nuevas vocaciones, gracias, entre otros, a que la carrera es más estable y atractiva.

En cuanto a la reorganización de los organismos públicos de investigación, ha explicado que primero hay que dar un tiempo a los investigadores para que entiendan qué significa la homogeneización de las escalas y después reformar, también con espíritu de consenso.

Gabriel Elorriaga, del PP, ha valorado entre otros la mayor coordinación del sistema y ha añadido que, si bien es un buen día para el sistema, queda "muchísimo trabajo pendiente", mientras que la diputada de CiU Inma Riera ha afirmado que a medio y largo plazo habrá que mejorar la fiscalidad de la I+D+i.

Desde el PNV, José Ramón Beloki, ha enfatizado: "hecha la ley, queda todo por hacer y urge hacerlo", en referencia a su desarrollo, mientras Joan Tardá, de ERC, que ve deficiencias en la carrera científica, ha asegurado estar "moderadamente satisfecho".

Para Juana Serna (PSOE), España es ya un país de ciencia, pero ahora debe serlo de innovación.

Gaspar Llamazares, de IU, ha subrayado que investigar en España es "pecado" y ha denunciado el empeoramiento de la carrera científica porque no se aplica el límite de tres años en la duración de la contratación temporal por obra o servicios.

Rosa Díez, de UPyD, quien presentó en su día una enmienda a la totalidad, ha criticado en una nota que la ley no afronte con "valentía" la colaboración público-privada, un problema para el que Garmendia "no tiene una postura decidida" como "se ha demostrado" con las "discrepancias con el CNIO".