Además, la organización ha criticado que España "no escuche" las recomendaciones de la ONU y otros organismos internacionales sobre la definición de tortura que figura en el Código Penal y se niegue a abolir la detención en régimen de incomunicación.
Estas son algunas de las principales denuncias sobre España incluidas en el Informe Anual 2011 sobre "El estado de los Derechos Humanos en el Mundo", que este año se centra en la denuncia de las violaciones a la libertad de expresión, un derecho que "va a ser crucial" en el desarrollo de las revoluciones democráticas del norte de África.
"Estas revoluciones en favor de los Derechos Humanos, sociales y políticos nos sitúan en el umbral de un verdadero cambio histórico", ha señalado el director de AI España, Esteban Beltrán, quien ha advertido no obstante, que el éxito de estas revoluciones "pende de un hilo".
En el apartado sobre España, el informe destaca que han continuado las denuncias de tortura y malos tratos a manos de "funcionarios encargados de hacer cumplir la ley" y que no se han tomado medidas para recopilar y publicar datos sobre los casos que pudieran suponer violaciones de los derechos Humanos de personas bajo custodia policial.
Además, destaca el informe, la última reforma del Código Penal no ha escuchado las peticiones del comité de la ONU contra la Tortura para que se modifique la definición de tortura que distingue entre atentado "grave" de tortura y atentado que no es grave.
En cuanto a las medidas antiterroristas, AI lamenta que se siga aplicando la detención en régimen de incomunicación de personas sospechosas de actividades terroristas y que el Gobierno haya rechazado las recomendaciones de la ONU para abolir esta forma de detención.
El informe detalla asimismo varios casos en los que denuncias de torturas y malos tratos se han desestimado o cerrado sin profundizar en la investigación de los hechos.
Otro apartado destacado en el informe es el relativo a los Derechos de la Infancia, en concreto sobre el internamiento de menores con problemas sociales o de conducta en centros en los que se producen casos de "castigos corporales, aislamiento, prescripción indebida de medicamentos y asistencia médica insuficiente".
En este asunto destaca, una vez más, la negativa de las autoridades españolas a ajustar plenamente la legislación y las normas administrativas de todas las Comunidades Autónomas a la Convención sobre los Derechos del Niño.
En el apartado dedicado a las situaciones de racismo y discriminación, AI denuncia la "detención preventiva" de ciudadanos extranjeros y la falta de una estrategia nacional para combatir el racismo, pese a que esta contemplado en el Plan Nacional de Derechos Humanos de 2008.
Así, destaca las disposiciones aprobadas por varios municipios que prohíben el uso del velo integral en edificios municipales o la moción aprobada por el Senado por la que se insta al Gobierno a prohibir su uso en espacios y acontecimientos públicos.
La no derogación de la Ley de Amnistía de 1977 y el hecho de que la reforma del Código Penal no incluya la definición de delitos de derechos internacional como la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial, son otros asuntos que AI cuestiona de España.
En el capítulo de avances, la organización destaca la nueva definición de trata de seres humanos contemplada en la Ley, aunque lamenta que "no siempre se respete en la práctica" el derecho a un periodo de recuperación y reflexión de los extranjeros en situación irregular que pudieran haber sido víctimas de trata.
