El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación ha suspendido de forma cautelar la licitación del servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento tras estimar dos recursos presentados contra el procedimiento.

Concretamente, han cuestionado los pliegos el Círculo Empresarial de Cuidados a Personas (Cecua) y la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste).

Susana Valladolid, gerente de esta última entidad, que aglutina a 18 operadores, ha explicado a VIVA CÁDIZ en conversación telefónica que “el contrato en licitación no es viable económicamente, al estar infradotado dado que se han tenido en cuenta los costes salariales según el convenio del sector, pero no lo acuerdos alcanzados” por la actual concesionaria, Domusvi, los representantes de los trabajadores y el Ayuntamiento el pasado mes de febrero ante el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla).

Cabe recordar que el documento definitivo constaba de cinco puntos. En primer lugar, la empresa se comprometió a aplicar un complemento o plus transitorio en las nóminas de la plantilla de 50 euros al mes durante cuatro meses que se hicieron efectivos, incluso con carácter retroactivo, una vez que el Ayuntamiento reconoció y abonó la actualización del coste/hora máximo en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia establecida en cada momento.

En segundo lugar, el acuerdo estableció que dicho complemento pasará a ser de 200 euros desde el momento de la adjudicación de una nueva licitación del servicio por parte del Ayuntamiento.

Además, la jornada laboral quedará fijada de manera progresiva desde a adjudicación de una nueva licitación de manera que el primer año la jornada semanal pasará de 38 a 37 horas; en el segundo, de 37 a 36; y, en caso de que se prorrogue el contrato, en el tercer, de 36 a 35.

El Ayuntamiento, además, fijó en 20,5 euros “para garantizar la dignidad laboral de la plantilla y una mejor cobertura al millar de beneficiarios del servicio”.

El contrato licitado el pasado 5 de septiembre tiene un valor estimado de 35.541.072 euros, con 392.000 horas anuales durante tres años, y su elaboración condicionó, según admitió el propio alcalde, Bruno García, la confección y tramitación de los presupuestos municipales en vigor.

Una vez conseguida la paralización del procedimiento cautelarmente, “queremos que salgan unos nuevos pliegos con el coste completo”, incluyendo el citado acuerdo, “para que los operadores puedan optar” conforme a un presupuesto real, agrega la representante de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia.

El órgano de arbitraje de la institución provincial tendrá que recabar información por parte del equipo de Gobierno y los recurrentes para tomar una decisión definitiva en las próximas semanas.