El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, ha informado sobre el Plan de Gestión de la Biomasa para frenar al alga invasora Rugulopterix okamurae en la costa andaluza, aprobado en el último Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El delegado ha estado acompañado de Juan Antonio Martín, jefe del servicio de Geodiversidad de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.
Curtido ha asegurado que se trata de un documento pionero a nivel nacional, que "permitirá transformar esta amenaza ambiental en una oportunidad de futuro". El delegado ha trasladado el apoyo de la Junta de Andalucía a todos los municipios afectados, subrayando que "desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente se seguirá trabajando para transformar este problema medioambiental en una oportunidad económica" y ha abogado por la "colaboración" de todas las administraciones implicadas, en especial la del Gobierno de España.
El delegado de Medio Ambiente ha celebrado este plan que establece medidas de seguimiento, control y aprovechamiento de biomasa para mitigar su impacto en las costas andaluzas, asegurando que "se trata de una excelente noticia para nuestro litoral y para los municipios costeros que llevan años padeciendo las consecuencias de la proliferación del alga asiática Rugulopterix okamurae".
Curtido ha trasladado todo el apoyo de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, con Catalina García al frente, a los numerosos municipios costeros de Cádiz y de toda Andalucía, que en un encuentro en la provincia de Málaga volvieron a expresar con claridad su preocupación ante los efectos que esta especie invasora está teniendo sobre sus costas, sus economías locales y sus ecosistemas. El delegado ha manifestado que desde el Gobierno andaluz "hemos trabajado codo con codo con los ayuntamientos para ofrecer respuestas reales desde el ámbito de nuestras competencias. Desde la Junta de Andalucía, desde un primer momento éramos plenamente conscientes de la gravedad del problema y del impacto que esta especie invasora ha causado en nuestras playas: en la biodiversidad marina, en el sector pesquero, en la imagen turística y en los presupuestos municipales".
Fue en 2015 cuando se detectó por primera vez en el Estrecho de Gibraltar y ha ido colonizando todo el litoral andaluz y, desde entonces, "los ayuntamientos han tenido que asumir elevados costes de retirada de biomasa sin poder darle un uso autorizado, al no estar permitida su comercialización por parte del Ministerio. Durante este tiempo, desde la Junta no hemos permanecido impasibles y, desde un primer momento, hemos estado trabajando de la mano de los ayuntamientos, del sector pesquero, de empresas y de la comunidad científica. Hemos autorizado proyectos de investigación como el uso del alga asiática como fertilizante para el cultivo de aguacates. Y hemos lamentado, al mismo tiempo, que el Ministerio haya rechazado otras propuestas interesantes como su uso en la fabricación de plantillas de calzado".
Óscar Curtido ha asegurado que "desde la provincia de Cádiz, que ha sido punta de lanza para dar una solución al problema se ha realizado un trabajo serio y riguroso que ha tenido un objetivo muy claro: convertir lo que hasta hoy era un residuo costoso en un recurso con un valor ambiental, pero también con un valor económico y que tenga cabida dentro de la Economía Circular por la que tanto está apostando el Gobierno de Juanma Moreno".
Para el delegado esta situación exige también una coordinación entre administraciones, por lo que confía en que "el Gobierno de la nación se implique activamente para que los municipios no se sientan solos ante este reto, que necesita de la implicación de todos".
Curtido ha reiterado que los ayuntamientos podrán desde ahora apoyarse en protocolos definitivos para la retirada de estas algas de sus costas, el manejo y también su uso y, además, "se ha conseguido que la retirada de este alga, cuya recogida se limitaba exclusivamente a los ayuntamientos de una manera directa, pueda hacerse mediante acuerdos con entidades colaboradoras, interesadas en estos residuos".
