El Ayuntamiento de Cádiz asegura que ha "cumplido con todas las estipulaciones contractuales" en relación a las obras financiadas con cargo al Plan Proteja de la Junta de Andalucía en el entorno del castillo de Santa Catalina. En este sentido, detalla que en el mes de mayo abrió expediente de responsabilidad a la empresa adjudicataria de las mismas, Peninsular de Contratas, S.A., a expensas de lo que la Junta pudiera determinar en relación a posibles irregularidades en materia de contratación.
Cabe señalar que la Junta ha requerido información al Ayuntamiento después de que, según determina la Inspección de Trabajo, dicha empresa contratase a 75 personas que finalmente no llegaron a prestar servicios, por lo que las altas fueron anuladas por la Seguridad Social.
A este respecto, la Delegación Municipal de Contratación ha explicado a Europa Press que la ejecución de los proyectos del Proteja han sido controlados por la empresa Omicron Amepro, contratada para tal fin.
Según relata, esta empresa controladora remitió "multitud de requerimientos" a la adjudicataria de las obras del entorno del castillo de Santa Catalina, "pidiendo información sobre las contrataciones" y avisándole de que si la Junta requería la subvención el Ayuntamiento estaría "obligado a repercutir contra el adjudicatario".
Así, advirtiendo de que "estaba incumpliendo la condición especial del pliego de adjudicación", se remitió a Peninsular de Contratas un primer requerimiento en abril de 2011 para que aportase la información trimestral sobre el personal exigida por la Junta. En junio se le volvió a exigir la información trimestral sobre personal indicando los distintos colectivos del desempleo de los que provenía cada nuevo trabajador, no siendo contestado por la empresa.
Más tarde, concretamente el 18 de mayo de este año, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz acordó iniciar un expediente de determinación de responsabilidades en las que hubiera podido incurrir Peninsular de Contratas. Según detalla el Ayuntamiento, a la fecha de hoy se está en plazo de alegaciones.
Por lo tanto, el Consistorio subraya que ha "cumplido con todas las estipulaciones contractuales" y que incluso "se adelantó" a la Junta al iniciar el expediente de responsabilidades en mayo.
Detalla que la obra tenía un presupuesto de 600.000 euros y la Junta pide que se reintegren 50.000. Según indica, "la obra está hecha y, por lo tanto, el dinero se ha destinado a la realización de la misma".
Así las cosas, concluye que si finalizado todo el proceso se requiere finalmente al Ayuntamiento el reintegro de esos 50.000 euros, éste "será exigido por los procedimientos que correspondan a la empresa adjudicataria".
