La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, señaló ayer que el Gobierno defiende la vida “tanto” como las asociaciones antiabortistas, pero “no puede someterse a criterios religiosos extremos” y aseguró que la nueva ley del aborto establecerá límites “donde no los hay”. 

Así lo manifestó al término de sendas reuniones con organizaciones de mujeres y con la Federación de Asociaciones Provida, enmarcadas en la ronda de contactos que ha mantenido con diversas asociaciones para analizar la reforma de la ley del aborto. 

Esta serie de encuentros concluyó ayer con la entrevista que mantuvo por la tarde con los representantes de la Declaración de Madrid, firmada por intelectuales y científicos contrarios al aborto. Aunque “difíciles”, ha habido puntos de encuentro con la presidenta de la Federación de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, señaló la ministra.
 
Entre ellos, citó el establecimiento de un procedimiento informado, inexistente en la actualidad, por el que las mujeres conozcan las ayudas de que disponen si deciden seguir adelante con su embarazo y que será tenido en cuenta a la hora de elaborar el anteproyecto de ley. 

El Gobierno y las organizaciones pro vida han coincidido también en que la situación actual no les satisface, señaló Aído. 

A su juicio, mientras estos colectivos quieren “retroceder” e impedir el aborto en todos los plazos y supuestos, el Gobierno trata de “avanzar” con “más información, más educación afectivo-sexual, más prevención de embarazos no deseados y más garantías” en una ley de plazos y supuestos “perfectamente definidos”. 

También se han mostrado de acuerdo en la protección de la maternidad, subrayó Aído, quien agradeció el tono del encuentro con Latorre. 

La nueva ley tratará de mejorar la protección a las mujeres y los profesionales sanitarios que practican abortos y establecerá límites “donde no los había”, señaló la ministra tras recordar que el 97% de las interrupciones de embarazo actuales se realizan bajo el supuesto de peligro para la salud psicológica de la madre. 

Sin embargo, confirmó que no está contemplada en el anteproyecto de ley, la propuesta de Provida de crear una oficina en las clínicas abortistas donde las mujeres puedan denunciar los “atropellos” de los que son víctimas. 

Aído reconoció que el debate sobre la posibilidad de que las menores de más de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno es “difícil” y aseguró que continuará en contacto con las asociaciones con las que se ha reunido hasta la elaboración del anteproyecto de ley. 

También Latorre destacó la cordialidad del encuentro con Aído, aunque reconoció que temía que fuera una “estrategia para hacerse la foto” y mostró su esperanza en que sea “fructífero”. 

Latorre ha pedido a la ministra el respeto a la objeción de conciencia, medidas para facilitar la inserción laboral de la embarazada y nuevas estrategias de prevención de abortos, ya que las campañas llevadas a cabo hasta ahora han aumentado, a su juicio, los embarazos no deseados. 

También ha requerido un análisis de los argumentos contrarios al aborto “sin prejuicios” y ha asegurado que las asociaciones provida son ajenas a ideales religiosos u opciones políticas que han trabajado desde 1981 con 65.000 mujeres embarazadas y han evitado 37.000 abortos. 

Previamente 18 organizaciones de mujeres se han reunido con la ministra y han incidido en la necesidad de garantizar el acceso al aborto en todo el territorio nacional a través de la red pública así como de dotar de mayor protección jurídica a las mujeres y a los profesionales sanitarios.