'Con el tiempo, las aguas volverán a su cauce'. Eso es, al menos, lo que debe pasar por la cabeza de farmacéuticos y usuarios en estos primeros días de copago farmacéutico, en los que se ha producido un cierto nivel de confusión.
“Ha sido demasiado cambio sin tiempo de reacción”, confesaba Eduardo Corrales, de la farmacia de la calle Regino Martínez. Corrales reconoce que el nuevo procedimiento “ralentiza mucho” porque obliga “a meter los datos de todos uno por uno” a la hora de dispensar medicamentos, lo que, “en caso de pacientes que llegan con cinco o seis recetas te tiene atendiéndole media hora”.
Como explicaban desde la farmacia Hernández Molina, en la calle Cristóbal Colón, el procedimiento de utilización del programa informático ya se aplicaba con la llamada receta electrónica, consultando los datos de cada andaluz tras la presentación de la tarjeta sanitaria. Ahora, estos datos se utilizan para saber quién tiene que pagar y cuánto, también en el caso de los pensionistas.
Problemas de conexión
Por si fueran pocos los problemas de adaptación, una sobrecarga en los servidores a partir de las 11.00 horas de ayer ralentizó aún más la dispensación de medicinas, cuando no la impidió directamente. En algunas farmacias del centro, se pedía a los clientes volver más tarde. La farmacia Rivas, de la Plaza Alta, aseguró que no pudo atender a sus clientes durante buena parte de la mañana por este inconveniente.
Desde la farmacia de Hernández Molina explicaron que por la tarde el problema se había solucionado tras la instalación de “una segunda puerta” para entrar en los servidores, lo que les comunicó su colegio profesional.
Los farmacéuticos reseñaron que los clientes, pese a que en muchos casos llegaban faltos de información, se mostraron mayormente “resignados” ante la obligación de pagar; eso sí, con la sensación de cargar con las culpas de los abusos cometidos por muchos.
En algún caso, dieron cuenta de posibles desajustes y confusiones en las bases de datos, como el caso de una persona extranjera en desempleo al que le salía pagar el 60% del precio del medicamento, como si ingresase más de 100.000 euros anuales. En otro supuesto, una persona quien alegaba cobrar una pensión no contributiva de menos de 400 euros se vio obligado también a pagar los fármacos. En sus manos queda ahora hacer las correspondientes reclamaciones.
A pesar de todo, los farmacéuticos quisieron trasladar en general un mensaje de “tranquilidad”.
Pensábamos que iba a haber más exaltación y más guerra”, confesaba Hernández. Corrales indicaba también que en medidas gubernamentales anteriores habían observado mayor confusión.
