La Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo presentó el jueves 26 de julio de 2012 una denuncia ante el Juzgado nº 1 de Jerez de la Frontera por el hallazgo de restos óseos humanos con signos de violencia en la finca del Marrufo, en el término jerezano en el límite con los de Ubrique, Jimena de la Frontera y Cortes de la Frontera, en la confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga. La denuncia, rubricada por Andrés Rebolledo Barreno, en representación de la entidad que agrupa a los familiares de las víctimas, se basa en la legislación internacional relativa a “crímes de lesa humanidad”.
Esta asociación promueve desde el pasado 2 de julio los trabajos arqueológicos encaminados a la exhumación de los cuerpos de las personas que fueron fusiladas sin formación de causa entre noviembre de 1936 y febrero de 1937 en este cortijo privado, convertido en destacamento militar en el que se practicaron detenciones ilegales, torturas, asesinatos masivos y sepulturas clandestinas en fosas comunes.
Tras la presentación de la denuncia, que se interpuso en el Decanato de los Juzgados de Jerez, que a su vez lo trasladó al Juzgado número 1, la misma asociación procedió a denunciar los mismos hechos en la Comandancia de la Guardia Civil de Jerez de la Frontera, que la remitió a la comandancia de Ubrique, la más cercana al lugar donde se están excavando las fosas comunes.
Seguidamente, hacia las cuatro de la tarde, se personaron en el Marrufo dos agentes de la Guardia Civil de Ubrique, que levantaron un atestado y regresaron al cuartel. A continuación, hacia las 19:30 horas, se presentaron en el lugar de las excavaciones los mismos agentes acompañados de dos miembros del Servicio de Investigación Criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. Éstos procedieron al levantamiento del acta y la toma de fotografías de las fosas, con las evidencias de violencia en los cuerpos sepultados.
El presidente de la asociación de familiares, Andrés Rebolledo, expresó: “Hemos dado un paso importante al presentar la denuncia judicial 76 años después de los asesinatos de los que fueron víctimas nuestros familiares. Este día es importante porque se ha empezado a mover la maquinaria de la justicia, porque nuestro objetivo es conseguir que se haga justicia y que se rescate del olvido a aquellas víctimas inocentes, que merecen la dignificación de su memoria”.
Según los datos aportados por el arqueólogo director de la excavación, Jesús Román Román, hasta el momento se ha emprendido el trabajo de exhumación en cuatro fosas. En la primera de ellas se han localizdo diez cuerpos, dos en la segunda, entre siete y nueve en la tercera y dos en la cuarta.
Está previsto que estas actuaciones arqueológicas se prolonguen durante todo el verano, dado el elevado número de restos humanos que se supone que fueron enterrados en este cortijo, que fue ocupado a comienzos de noviembre de 1936 por cuatro columnas sublevadas en una acción combinada.
Previamente, la Sauceda y el Marrufo se habían convertido en el último lugar de resistencia republicana, como refugio de cientos de familias residentes y de otras muchas procedentes de distintos pueblos de los alrededores (Jimena, Cortes, Algar, Alcalá de los Gazules, San José del Valle, Ubrique), que huían del avance de las tropas rebeldes. Tras ser tomado, el Marrufo se convirtió en un acuertelamiento al mando del jefe de la Guardia Civil de Ubrique, José Robles, que hizo de esta finca un centro de detención, tortura y fusilamientos. La combinación de testimonios orales de descendientes de las víctimas y de investigaciones de archivos indican que en este lugar pudieron ser fusiladas sin formación de causa más de 300 personas entre principios de noviembre de 1936 y finales de febrero de 1937.
El proyecto de exhumación de las fosas del Marrufo está coordinado en su conjunto por Andrés Rebolledo Barreno, con Fran Gómez como adjunto, y el equipo técnico lo forman Jesús Román Román, coordinador de las actuaciones arqueológicas; Juan Manuel Guijo, responsable del estudio antropológico físico; Manuel Castro Rodríguez, responsable de los trabajos topográficos; y Fernando Sígler Silvera, coordinador de las investigaciones históricas. En estas tareas colabora un grupo de voluntarios convocados por la asociación de familiares de las víctimas.