El tiempo en: Jaén

Campo de Gibraltar

“Se iba a solucinar en 72 horas y lleva más de 72 días”

La propuesta municipal “no es lo que acordamos”, señalan desde el colectivo de pensionistas

Publicidad AiPublicidad Ai Publicidad AiPublicidad AiPublicidad AiPublicidad Ai Publicidad Ai
  • Los prejubilados se manifiestan frente al Ayuntamiento. -

Representantes de la comisión negociadora del colectivo de pensionistas por incapacidad del Ayuntamiento de Algeciras mostraron ayer su malestar por la falta de avances en la negociación con el Ayuntamiento para readaptar las bonificaciones recogidas en el artículo 14 del Convenio Colectivo a la normativa, tal y como exige la Junta de Andalucía.

Paco Nobalio, uno de sus portavoces, reseñó que el equipo de Gobierno “asumió el compromiso público de solucionar esto en 72 horas y ya va por más de 72 días”.

Asimismo, el pensionista expresó su indignación por el afán de “criminalizar” a estos empleados “filtrando desde el primer momento” la existencia de varios casos –que situó en una ínfima minoría- que cobraban 5.600 euros al mes.


De hecho, según detalló el otro representante del colectivo, José Cabral, en base a un cuadro de cantidades que asevera le fue entregado a cada grupo incapacitados (en sus modalidades totales, parciales y absolutos), en el caso de estos últimos las cantidades oscilan entre un mínimo de 35 y un máximo de 800 euros.

Detalló Cabral que donde existen más discrepancias es en el caso de la incapacidad total, ya que existen “disparidades abismales” entre las cantidades que habrían cobrado los trabajadores de seguir vigente el artículo 14 del convenio y las que propone ahora el Ayuntamiento.

“No sabemos quién hace las cuentas, pero no es lo que habíamos acordado”. En este sentido, recalcan que, si bien están abiertos a “negociar” cantidades inferiores a lo previamente recogido en el acuerdo inicial, lo que no están dispuestos es a aceptar condiciones, a su juicio, tan perjudiciales.

Retroactividad
De igual modo, Cabral manifestó sus reservas acerca de que unas condiciones vigentes desde 1994 “vengan ahora en 2012 a decir que son ilegales”, al tiempo que sugirió que en este caso “debería investigarse si en estos años se ha incurrido en prevaricación” y, en todo caso, esta interpretación nueva de la ley no debería aplicarse con retroactividad, dado que, en algunos casos, los trabajadores llevan hasta 18 años cobrando esas ayudas.

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN