Europa amplía la investigación del régimen fiscal corporativo de Gibraltar

La Comisión Europea (CE) ha decidido ampliar la investigación del régimen fiscal corporativo de Gibraltar iniciada en octubre de 2013, para examinar ahora las decisiones fiscales adoptadas sobre ciertas empresas, al sospechar que pueden incluir ayudas de estado ilegales, informó el Ejecutivo comunitario.

El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, dijo en rueda de prensa que el nuevo examen se une a la investigación ya abierta "por economía procesal y no porque haya una relación entre los temas que se van a investigar ahora y los que se estaban investigando".

De esa manera, la investigación se amplía "con nuevos elementos", precisó el comisario.

Bruselas abrió una investigación en octubre de 2013 sobre la Ley gibraltareña de Impuestos sobre Ingresos de 2010, para verificar si permite favorecer a determinadas categorías de empresas, lo que iría en contra de las reglas comunitarias.

La CE investiga ahora si los 165 acuerdos tributarios entre las autoridades gibraltareñas y distintas empresas en 2011, 2012 y los ocho primeros meses de 2013, incluyen ayudas públicas ilegales a firmas que no generan sus ingresos en el Peñón.

La extensión de la investigación ofrece a los interesados la posibilidad de enviar comentarios sobre las medidas que se están analizando y no prejuzga el resultado de la investigación, precisó la CE.

Según el Ejecutivo comunitario, la nueva legislación gibraltareña introdujo una práctica de acuerdos fiscales que permite a las empresas pedir por adelantado la confirmación de si ciertos ingresos serán sometidos o no a impuestos en Gibraltar.

Sobre la base de las informaciones facilitadas por las autoridades británicas, la CE sospecha que las autoridades de Gibraltar aprueban los acuerdos "sin llevar a cabo una adecuada evaluación" de si los ingresos de las compañías se han generado fuera del Peñón y por tanto están exentos de tasas en ese territorio.

La investigación original al régimen fiscal gibraltareño se inició a raíz de una denuncia de España presentada en junio de 2012.

España adujo que el régimen gibraltareño seguiría concediendo una ventaja selectiva a las sociedades extraterritoriales mediante el efecto combinado de la aplicación del sistema territorial y la exención fiscal de las rentas pasivas.