La administración digital, el ahorro de energía y uso de fuentes alternativas y el fomento del empleo son las grandes cuestiones a las que los vecinos desean que se destinen los fondos europeos canalizados a través del programa Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI). Así se ha puesto de manifiesto en una reunión de trabajo que ha analizado el resultado de las encuestas llevadas a cabo por el Ayuntamiento, en las que se recababa la opinión al respecto de ciudadanos y colectivos sociales.
El concejal de Participación Ciudadana, David Ramos, fue uno de los asistentes a esa reunión, en la que también tomaron parte la representante de las asociaciones de San Roque en el Consejo Territorial de Participación Ciudadana, María Antonia Piñel, así como técnicos municipales.
Ramos explicó que “se ha superado el número mínimo de opiniones que se establecían en las bases de la convocatoria del programa DUSI, lo que se ha logrado en muy corto espacio de tiempo. Podemos sentirnos muy satisfechos de esta gran respuesta ciudadana y de haber cumplido con este requisito”.
“Pero sobre todo -añadió- quiero felicitar a los ciudadanos y colectivos que han participado por el compromiso que muestran con el municipio y por su colaboración con el Ayuntamiento. Este programa financiado con los fondos Feder puede reportar un total de cinco millones de euros al Consistorio entre 2016 y 2020, un dinero con el que podríamos llevar a cabo precisamente esos proyectos que tanto interesan a los vecinos y vecinas del municipio, como ellos nos han dejado claro con sus opiniones”.
“Además de los proyectos de administración digital, eficiencia energética y fomento del empleo -agregó el edil-, queremos incluir también cuestiones como la instalación de más aparatos de control de la contaminación ambiental y la puesta en marcha de talleres escuela”, resumió.
San Roque puede obtener un máximo de 5 millones de euros por este programa entre los años 2016 y 2020. El plazo de presentación de proyectos finaliza el próximo 10 de enero, y en las bases de este programa financiado por la Unión Europea se exige contar con al menos 150 opiniones ciudadanas, cifra que en el caso sanroqueño se ha elevado a más de 170.
Para canalizar esta petición de opiniones se puso en marcha un cuestionario en el portal web municipal, que también se ha hecho llevar a los colectivos sociales. En él se planteaban quince problemas urbanos, y los internautas tenían cinco opciones para señalar si se producen o no.
Así, se preguntaba sobre el uso de la Administración electrónica municipal; sobre el estado de conservación del patrimonio histórico y del parque residencial; sobre el consumo energético del alumbrado y equipamiento público; sobre las infraestructuras para la movilidad sostenible; sobre la degradación del paisaje urbano; zonas verdes; tráfico, transporte público y accesibilidad; degradación del espacio público; contaminación acústica y lumínica; contaminación atmosférica; promoción turística; integración de colectivos desfavorecidos; integración de barrios socialmente desfavorecidos; empleo y bolsas de pobreza; y apoyo a comercios y a la creación de empresas.
El pasado 17 de noviembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó una Orden por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. Estas ayudas se distribuirán entre los municipios mayores de 20.000 habitantes, y para los que cuentan hasta 50.000 (como es el caso de San Roque) se establece un máximo de 5 millones de euros, salvo casos excepcionales, debidamente motivados.
La primera convocatoria está dotada con un 70%, aproximadamente, del total de la ayuda FEDER destinada al eje urbano dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS): 730,9 millones de euros de ayuda que se distribuirá entre las 17 comunidades autónomas. A Andalucía le corresponden 241 millones.
En las orientaciones que se recogen en la Orden publicada en el BOE se recomienda que las estrategias presentadas por los ayuntamientos incluyan al menos dos de las siguientes líneas de actuación: mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación; favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores; conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos; y, finalmente, promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.
