La parlamentaria andaluza y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Inmaculada Nieto, ha mostrado hoy su apoyo a los dos trabajadores del Centro de Menores La Marchenilla de Algeciras, despedidos por la empresa Ginso, adjudicataria del servicio por parte de la Junta de Andalucía. Concentrada en las puertas de los sindicatos junto a los afectados y representantes sindicales de CCOO y UGT, Nieto ha denunciado la que viene siendo la “política habitual de la Junta de Andalucía” y ha señalado que “éste es un ejemplo más de cómo se lava las manos la Junta de Andalucía, una vez que adjudica un servicio, lo paga y se desentiende de las condiciones de sus trabajadores, de si se presta efectivamente el servicio, de si se cumplen las condiciones de los pliegos por las cuales se adjudican y en un tema tan sensible como son los menores infractores, que están siendo atendidos en Marchenilla por esta empresa, que tiene adjudicación en Almería junto a otros dos centros en Huelva y Sevilla”.
Cabe recordar que los dos trabajadores despedidos por Ginso son un jurista y una educadora, bajo la justificación de dificultades económicas, “cuando se sabe que ya se ha incorporado un educador que ya está desempeñando las labores que ejercía la educadora despedida”, puntualizó Nieto. Denuncia la parlamentaria andaluza la “persecución a los trabajadores” por parte de la empresa, de manera que “la plantilla tiene miedo a expresar las dificultades que atraviesa” y añade que “la gente que está señalada sindicalmente tiene que añadir a esa situación generalizada de toda la plantilla, degradaciones y problemas enormes, aparte de temer todos ellos por la viabilidad futura de su trabajo”.
Toda esta situación –apunta Nieto- se da “en un contexto en el que la presidenta de la Junta de Andalucía habla de cláusulas sociales para los contrato; hablamos de 34 millones de euros de dinero público, que a día de hoy están sirviendo para deteriorar las condiciones de vida y de trabajo de la plantilla de La Marchenilla, para despedir injustamente a trabajadores de sobrada profesional y contrastada solvencia, para ir siendo sustituidos por trabajadores precarios, eventuales y más dóciles al criterio de la empresa, que por cierto es una gran familia, en la que abunda el parentesco sanguíneo o la afiliación política de quienes integran los puestos de dirección”.
La diputada autonómica consideró “inaceptable” la situación y anunció una batería de iniciativas institucionales ante la Consejería de Justicia “para que tome cartas en el asunto de manera inmediata, porque no se puede permitir que con dinero público se esté financiando la explotación laboral, la persecución sindical y el deterioro de un servicio que es básico para la comunidad, tal es el tratamiento de menores que tienen problemas y que todos aspiramos a que, con el buen hacer de la plantilla, que en eso se tendrían que centrar, sin miedos y sin preocupaciones en atender a esos menores, podamos recuperarlos para la sociedad”.
