La sección cuarta de la Audiencia de Barcelona ha confirmado la desestimación de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía consistente en la paralización de la publicación de un libro sobre José Bretón, condenado a 40 años de cárcel por matar a sus dos hijos en un caso de violencia vicaria.
El auto de la Audiencia, consultado por Europa Press, confirma la resolución del Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona, en contra de la postura del ministerio público, que recurrió la desestimación de la medida cautelar.
El pasado 27 de marzo, la editorial Anagrama anunció que suspendía 'sine die' la distribución del libro 'El odio' de Luisgé Martín y expresó su "respeto absoluto" hacia la madre de los menores Ruth Ortiz.
La finalidad concreta de la solicitud cautelar, explica el tribunal, no es garantizar la protección de derechos mientras se resuelve una demanda presentada y que se ha adoptado ya la decisión de presentar, sino la paralización de la publicación para decidir si se presenta la demanda.
La medida añade, no resulta ser "exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de forma que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante el proceso correspondiente", lo cual presupone el seguimiento de un proceso civil.
ANALIZAR LA INTROMISIÓN EN EL HONOR
La medida, solicitada con carácter previo a la presentación de una demanda y que no se puede recurrir "aparece desatada de la presentación de cualquier demanda, presente o futura, porque no se oculta por el solicitante que la solicitud se formula a fin de valorar y ponderar con el debido rigor la más que probable existencia de intromisión ilegítima que perjudique el honor, intimidad, y en su caso, propia imagen y reputación de los menores".
El tribunal considera que la solicitud "ha sido presentada previamente a la interposición de demanda, con base en la inminente publicación del libro, que estaba prevista para el pasado día 26 de marzo de 2025, y con la referida finalidad de estudiar si se presenta o no una demanda, de forma que la medida es solicitada sin venir anudada a ninguna demanda, presente o futura".
El tribunal considera comprensible la sensibilidad del Ministerio Fiscal, en sus palabras, dadas las circunstancias, al versar la cuestión sobre los derechos contemplados por el art.18.1 de la Constitución y en relación con menores.
"No se puede ser ajeno a las circunstancias que rodean este incidente ni a la especial protección que merecen las víctimas, pero la legislación procesal civil no contiene mecanismos que permitan acceder a la petición formulada por el Ministerio Público de conformidad con los razonamientos expuestos", expone.
