UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba ha anunciado este miércoles la presentación de una demanda ante "los reiterados incumplimientos que la empresa Atende realiza respecto a la reducción de jornada a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de la capital".

Según ha informado el sindicato, tras haber mantenido un Sercla, las delegadas de UGT no han podido llegar a un acuerdo con la empresa sobre la reducción horaria que, señalan, "viene recogida en el convenio colectivo para este año 2025, estableciendo una jornada máxima anual de 1.735 horas sobre una media de 38,5 horas semanales consideradas en cómputo semestral", algo que "a fecha de hoy todavía no se ha comenzado a computar, mientras que la empresa dice que no reducirá la jornada de momento", han apuntado.

Ante esta situación, desde UGT SP han avanzado que van a proceder a poner una demanda judicial. La secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de la federación ugetista, Mari Carmen Heredia, ha subrayado que "no se trata de la única irregularidad que está cometiendo la empresa, ya que tampoco aumenta la jornada de trabajo a aquellas trabajadoras que lo tienen solicitado mientras que conceden más horas en nuevos contratos despreciando con ello a las trabajadoras más antiguas, y siguen sin respetar el obligado preaviso de 48 horas para dar los servicios, llamando a las trabajadoras el día anterior o incluso momentos antes de que comience el mismo servicio para el que avisan".

Otro asunto que Heredia ha remarcado es "el cambio de zona de los servicios por cercanía al domicilio de las trabajadoras, concediendo estos servicios a otras trabajadoras", algo que "demuestra un absoluto desprecio al bienestar de estas trabajadoras esenciales y a sus derechos como tales", ha enfatizado.

Además, la secretaria de UGT ha advertido de que "la judicialización de la situación que se vive en Atende se produce tras solicitar, por segunda vez, una reunión para tratar estos incumplimientos, sin tener respuesta por parte de la empresa, como viene siendo habitual".

Así, ha defendido que "desde el diálogo y la negociación podemos llegar a acuerdos para la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras, pero no encontrarnos con actitudes como esta", de modo que "no nos queda más remedio que acudir a la vía judicial, algo que debería ser innecesario, máxime cuando hablamos, una vez más, de un servicio público licitado en el que las administraciones, en este caso el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, una vez más, se lavan las manos", ha expuesto.