La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, María Jesús Montero, ha afirmado este lunes en Córdoba que "el debate sobre financiación autonómica no es una pelea entre territorios", aunque "algunos se han empeñado" en que así sea, pretendiendo dar "carta de naturaleza a un concepto como la ordinalidad", lo que daría más recursos a las comunidades autónomas (CC.AA) más ricas.

En este sentido Montero, que ha participado en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol, Orange y laboratorios VIR, donde ha sido presentada por la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha señalado que la financiación autonómica "es un debate sobre las personas, sobre sus derechos, sus expectativas y sus necesidades, porque son las personas las que contribuyen con sus impuestos no los territorios".

La consejera, a cuya conferencia también han asistido las consejeras de Justicia, Rosa Aguilar, y de Salud, Marina Álvarez, la presidenta del PSOE-A, Micaela Navarro, y el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, ha señalado que "algunos se han empeñado" en negar lo que, según ha subrayado, "es una verdad rotunda", la de que "son las personas las que contribuyen al Estado con sus impuestos", mientras que "la tierra no paga", de modo que "la igualdad se construye desde las personas".

En consecuencia, desde el Gobierno andaluz defiende que "un ciudadano, con una renta similar, paga los mismos impuestos en cualquier" territorio de España y, "por tanto, tiene derecho a los mismos servicios, también en toda España", es decir, "no se puede penalizar a quién contribuye con sus impuestos porque sus vecinos tienen menos renta y que, por tanto, parezca que es la tierra la que contribuye".

En este contexto, la consejera de Hacienda ha abogado por el consenso, que "hay que trabajarlo poco a poco" y "hay que liderarlo", desde "la responsabilidad política y la altura de mira de todos", siendo necesario que el Gobierno de la Nación "salga de esa abulia con la que está gestionando y ponga sobre la mesa, por fin, una propuesta de modelo de financiación autonómica", pues a él le corresponde "llevar la iniciativa", pero "hace dejación de funciones".

En contraposición, el Gobierno andaluz va a llegar a este debate "con los deberes hechos, con un mandato del Parlamento de Andalucía", para defender "un modelo que sea parte de la solución y no del problema", con "un documento de consenso, ambicioso, completo y solvente técnicamente, que se va a debatir este miércoles en el Pleno del Parlamento", contando de antemano, contando con "el respaldo de la mayoría de los partidos políticos".

Para Montero, "Andalucía merecía una voz única y el trabajo serio y riguroso la está propiciando", como lo demuestra, según espera, que "100 de los 109 diputados" regionales aporten este miércoles su voto para ello, es decir, los votos de PSOE-A, PP-A, Podemos e IULV-CA, con la excepción de Cs.

En cuanto a esta postura de Cs, Montero ha dicho que "siempre es una decepción que, cuando se está punto de alcanzar el consenso unánime, haya alguna formación que se descuelgue" y, en este caso, "responde más justamente a que Cs ha defendido la ordinalidad, como es que las comunidades más ricas gocen de mayores recursos".

Eso es algo que no se comparte por el Gobierno andaluz, al considerár que "no tiene sentido hablar en términos de ordinalidad", y "Cs no ha podido descolgar esa propuesta de su documento" y eso es algo "que no se suscribe desde Andalucía". Por eso, aunque "hay otras materias" en las que sí hay "acuerdo con Cs", en el tema de la ordinalidad "Cs no coincide con el resto de fuerzas parlamentarias", pues "difícilmente desde Andalucía se puede defender ordinalidad.

La consejera ha avisado que sin financiación, "sin fondos públicos", las comunidades autónomas no pueden ejercer las competencias que tienen atribuidas, porque "se cae el modelo de bienestar de una sociedad solidaria y equitativa" y también "se desmantela el modelo constitucional del estado de las autonomías", teniendo en cuenta el hecho de que las CC.AA son "tan Estado como el Gobierno central o los ayuntamientos", es decir, no son "meras prestadoras de servicios".

APOYO DEL PSOE

Respecto a la postura del PSOE federal para la defensa de la financiación autonómica, la consejera ha afirmado que "el PSOE en España va a defender aquello que seamos capaces de consensuar el conjunto de las comunidades autónomas con el Estado. Esa va a ser la posición del PSOE, porque el único interés es que las diferentes sensibilidades que se ofrecen en el modelo de financiación autonómica encuentren un marco en el modelo".

En consecuencia, si el Gobierno es capaz de arbitrar un modelo consensuado con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Montero no tiene dudas de que "el PSOE lo suscribirá", aún reconociendo que el secretario general de su partido, Pedro Sánchez, todavía "no se ha definido" sobre la ordinalidad, como se defiende desde la Junta, insistiendo la consejera en que "el modelo que salga del debate entre el Estado y las comunidades autónomas debería el ser modelo que se lleve al Congreso de los Diputados".

Tanto es así, que Montero ha dicho estar "convencida de que, si existe consenso, PP y PSOE votarán a favor del modelo" e imagina que el resto de formaciones políticas también, pero, "sin duda, si hay consenso, ese será suscrito" por su partido, aunque, "si hay algún elemento concreto en el que el secretario general del PSOE haya dicho algo", que ella cree que no, ello "sería, evidentemente, una materia que se debatiría después de que el consenso se haya procurado con el Gobierno de España".

SERVICIOS PÚBLICOS 

Montero ha aludido también a estudios del BBVA o del Instituto de Estudios Fiscales, que avalan a Andalucía como la comunidad que mejor redistribuye la riqueza, "ya que durante la crisis se ha gobernado para que repercutiera lo menos posible" en la ciudadanía, de manera que "el efecto redistributivo de las políticas públicas, logrado a través del gasto y de los ingresos, es muy potente", como lo demuestra que en Andalucía los servicios públicos aportaron en 2017 una renta indirecta de 9.716 euros a una familia media.

En cualquier caso, la aplicación del actual modelo de financiación ha llevado a que la comunidad "haya perdido 5.522 millones de euros, e "incluso para las comunidades mejor financiadas el modelo no llega, no es suficiente", de forma que "faltan 16.000 millones de euros, y ésta es la cifra de partida que llevamos al debate nacional", en referencia a los recursos adicionales que han tenido que aportar las CC.AA durante 2014.

Montero también ha abogado por que el criterio para el reparto de los fondos se adecue a la población de derecho, mediante la modulación de variables vinculadas a la educación o la protección social, "porque el modelo actual penaliza a Andalucía y deja fuera a 220.000 andaluces, que no existen", mientras que la propuesta de Andalucía defiende la "nivelación total" para el resto de las competencias no consideradas servicios públicos fundamentales.

Durante su intervención, la consejera ha subrayado que la propuesta andaluza no conlleva incremento de la carga fiscal "y mucho menos con mayores potestades normativas sobre tributos cedidos", lo que llevaría a las comunidades de menos renta a subir los impuestos.

Frente a esta "tentación", el modelo que defiende Andalucía es la redistribución de los recursos entre las CC.AA y el Gobierno central, es decir, "una reasignación teniendo en cuenta las competencias asumidas", incluyendo también el reparto del déficit, defendiendo también la consejera, por último, una armonización fiscal que evite desequilibrios entre territorios.