No voy a tomarme el atrevimiento, con toda mi consideración y respeto, de explicarles mi tesis sobre las misas de difuntos, aquellas celebradas justo antes del entierro o en las ceremonias de conmemoración o recuerdo. Sería entrar en un campo que no es el mío y en que tampoco tengo gran interés.

Tampoco soy una autoridad musical, solo un humilde aficionado, como para hacerles un estudio sobre las distintas versiones de Réquiem, desde el de Johannes Ockeghem , que es al parecer de los ilustrados el primero de los que se conserva o el de Karl Jenkins, mezcla de varios estilos, como el ritmo hip-hop, pasando por los clásicos de Mozart o Verdi.

Hoy, en esta tribuna de opinión del FARO INFORMACIÓN, les voy a hacer algunas reflexiones sobre la Reforma Local que ha aprobado el Gobierno Rajoy el pasado 26 de Julio en el Consejo de Ministros, con toda la oposición en contra y hecha con criterios única y exclusivamente economicistas y recentralizadores.

A lo largo y ancho de las tres últimas décadas, nuestros Ayuntamientos han sido y son una parte importante y significativa del Estado, aunque a algunos se les olvide con frecuencia, al igual que la Administración Central y Autonómica, han asumido y hecho frente con decisión, compromiso y valentía a una serie de obligaciones para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas.

Aunque el gobierno del PP nos ha querido vender que pretende clarificar y simplificar las competencias para evitar duplicidades y racionalizar la estructura organizativa municipal, que va a suponer un ahorro de 8.024 millones de euros y que no suprimirá concejales, no nos creemos nada, porque nos mienten todos los días, no han cumplido ninguna de sus promesas y son incapaces de asumir sus responsabilidades.

Con esta Reforma Local, que es un Réquiem Municipal, el Gobierno del PP despoja de competencias al 95% de los ayuntamientos, los de menos de 20.000 habitantes,  y abre la puerta a la privatización de los servicios públicos. Han sido tan autoritarios que tienen ustedes en contra a gran parte de los alcaldes de su partido,  y han hecho caso omiso de las recomendaciones del Consejo de Estado que emitió un crítico y duro informe sobre la misma.

Además, como siempre, se muestran ustedes inútiles en sus decisiones y nocivos para la ciudadanía. Con esta Ley no solucionan ningunas de las necesidades de nuestros ayuntamientos, ya que no clarifican las competencias, no evitan las duplicidades, no simplifican la estructura de la administración local y no resuelven los problemas de financiación que tienen los municipios.

Y es un rejón de muerte al funcionamiento de las administraciones locales, que va a hacer mucho daño a los ciudadanos y ciudadanas , porque serán quienes más pierdan, ya que tendrán servicios más caros y menos eficientes. Va  a perjudicar gravemente a la autonomía local  y a la vida democrática municipal porque quita a los alcaldes y concejales elegidos por el pueblo, la capacidad de decidir sobre servicios públicos esenciales que deja en manos de las Diputaciones.

Dejan ustedes sin definir, en una falta de respeto total, las competencias municipales que siguen estando compartidas con las comunidades autónomas y continuaran dependiendo de lo que estas decidan. Con una única excepción, los servicios sociales que son objeto de una Disposición Transitoria que posibilita la privatización de los mismos.

Ustedes, señoras y señores del PP, deben actuar, aunque solo sea una vez, con sensatez y rigor, deben retirar esta ley, que no sirve para solucionar ninguno de los retos que tienen planteados nuestros Ayuntamientos, y porque siguiendo su estilo autoritario e impositivo, lo único que pretenden es beneficiar a sus amiguetes poniéndoles en sus manos la gestión de servicios esenciales de la Comunidad.

Están ustedes desmantelando, paso a paso  y sin contemplaciones el Estado Social y de Derecho que contempla la Constitución y éste es un retroceso más, que nos devuelve a los años setenta. Paren por favor o los ciudadanos y ciudadanas, que quedemos vivos tras su paso por el Gobierno, tendremos que reconstruir de nuevo un Estado del Bienestar que creíamos consolidado, si antes no nos hemos ido a vivir a otros lugares donde se pueden garantizar nuestros derechos.