Yo no he estudiado periodismo, pero eso no me impide tener claras las obligaciones que conlleva la actividad profesional de quienes sí lo hicieron y una de ellas es informar a su público de “todo” lo que este aconteciendo. Esto por supuesto supone hacer preguntas incomodas y profundizar en cualquier hecho noticiable, por lo que considero que “señalar” si es periodismo, aunque moleste a algunos y respetando los derechos y libertades de los ciudadanos.
Recientemente, la mayoría de los periodistas que informan desde el Congreso de los Diputados se han manifestado en contra de la forma de actuar de alguno de sus colegas, aunque, esté acreditado para desempeñar su labor en la sala de prensa de la Cámara. La iniciativa de pedir que se retire la acreditación a dicho periodista ha partido de la Asociación Contra el Odio (ACO), una asociación civil creada hace pocos días y que curiosamente también ha denunciado ante los juzgados a varios ciudadanos cuyas posiciones son muy críticas con el gobierno de España. La ACO está dirigida por un juez retirado aparentemente afín a un partido que formó parte del gobierno al que aun apoya y, casualmente, en todas las denuncias que ha puesto la acusación es llevada por la misma fiscal.
Todo esto hace pensar que la ACO podría actuar en sintonía con el gobierno, al que podrían estar blanqueando.
La ACO promovió una recogida de firmas ante las quejas y movilizaciones realizadas por los trabajadores de los medios de comunicación empleados en la cámara baja. Según estos, durante esta legislatura están viendo gravemente perturbada su labor informativa por personas que están acreditadas por la cámara como profesionales de la comunicación, pero que se dedican a intimidar, faltar el respeto y obstaculizar sistemáticamente la labor informativa de los periodistas en el Parlamento. Atendiendo a esta demanda, nueve grupos parlamentarios del Congreso (todos menos los de la oposición) han impulsado una iniciativa para modificar el reglamento y poder retirarle la acreditación parlamentaria a los reporteros que cometan infracciones leves, graves o muy graves dentro del recinto parlamentario.
Los parlamentarios impulsores de esta medida la consideran necesaria para evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo y señalan que no menoscaba el derecho de los medios de comunicación de obtener y difundir una información veraz para la ciudadanía. Una afirmación cuya desfachatez raya la indecencia.
Personalmente no me parece del todo correcta la forma de actuar del periodista que “molesta” al gobierno en el Congreso, pero no me parece bien que se le margine y sobre todo es una auténtica vergüenza que sus compañeros periodistas se manifiesten en su contra y estén de acuerdo con las medidas del gobierno para echarlo. Menudos apesebrados. Fuerza y salud.
