El portavoz de Ecologistas en Acción en Doñana, Juan Romero, ha señalado este viernes que la organización presentará diversas alegaciones u observación al Pacto por Doñana alcanzado entre Junta de Andalucía y Gobierno central. Están encaminadas a determinar "cuál es la solución de las 900 hectáreas ilegales" y "si podrán acceder a las ayudas", ya que "no se especifica en el documento" o la "necesidad de recuperación de ecosistemas con especies autóctonas".

En declaraciones a Europa Press, Romero ha explicado que su organización presentará diferentes observaciones al plan encaminado a estos asuntos, aunque ha subrayado que el acuerdo supone "una gran oportunidad", por lo que Ecologistas quiere "remar con energía positiva para solucionar los conflictos y los problemas", porque "simplemente" no quieren ver a Doñana "como un paraíso perdido".

En este sentido, ha remarcado que "no es la primera vez que esto ocurre en Doñana", toda vez que ha subrayado que "la solución de conflictos a golpe de talonario de dinero público, amnistías y recompensas no es la fórmula más acertada y más justa, sobre todo por los agravios comparativos que esto genera".

Al respecto, ha subrayado que "en 1992 se creó una comisión de expertos y se aprobó un dictamen que se desarrolló con dos planes operativos y se ejecutaron con aproximadamente unos 360 millones de euros", poniendo el acento en que ahora el Estado "ha vuelto a movilizar 358 millones de euros para el desarrollo sostenible en Doñana".

Sobre los frutos rojos, Romero ha detallado que las medidas propuestas pasan por renaturalizar a uso forestal y la reconversión a secanos o a cultivos ecológicos y "como requisito la Administración exige ser titular o concesionario de la explotación y cobrarían unos 70.000 euros en un periodo de diez años".

No obstante, Ecologistas ha planteado que "cuál es la solución de las 900 hectáreas ilegales" y "si podrían acceder a la opción de renaturalizar", algo que "no se aclara" en el documento.

Por otro lado, Romero ha advertido que cualquier uso forestal "no tiene cabida y hay que hacerlo con especies nativas". Pero este apartado "no se ha desarrollado, y hay una apuesta por la industria maderera y la bioeconomía". "Esto puede suponer la mercantilización de los montes y abrir las puertas a las especies exóticas, además de que no se dice absolutamente nada en cuanto a recuperar ecosistemas", ha enfatizado.

En cuanto a la mención que se hace en el acuerdo de Doñana al proyecto CEUS, desde Ecologistas han señalado que esta iniciativa "ha robado una superficie forestal de unas cien hectáreas, con un grave impacto ambiental por la destrucción de una masa de pinar y de otras especies", por lo que, a su juicio, "está mal ubicado" y las industrias auxiliares "deberían ir a suelos terciarios, es decir, a suelos industriales".

En materia turística, desde Ecologistas en Acción han puesto el acento de que "no se mencionan" aquellas "infraestructuras abandonadas y vandalizadas, que deberían recuperarse, tales como el Museo Marino o el Corredor Verde del Guadiamar, entre otras".

Por otra parte, en cuanto a los asentamientos de migrantes, el portavoz ha aseguerado que el documento "contempla todas las medidas" propuestas por las ONG, por lo que "puede ser una gran oportunidad para erradicar la esclavitud del siglo XXI que existe en Doñana, garantizando los derechos como personas a esta población migrante". "Todos estos compromisos van a ser a 30 años, lo cual parece indicar que dentro de 30 años puede desmoronarse todo y volver a empezar, por ello, pedimos que tenga vocación de permanencia", ha añadido.

Por último, el documento "carece" de unas estrategias que logren blindar a Doñana de "futuras amenazas", tales como "vertidos mineros, accidentes del polo químico de Huelva, derrames de hidrocarburos, accidentes en los tránsitos por el Guadalquivir de mercancías peligrosas, así como otras infraestructuras fósiles ubicadas en Doñana".