El Ayuntamiento de El Puerto, a través de la sociedad municipal Impulsa El Puerto SLU, ha recuperado 123.072,87 euros tras ganar una demanda judicial contra la empresa Ejecuciones en Superficies y Controles S.L., anterior adjudicataria del aparcamiento de la Pasarela, cuya concesión fue otorgada durante el mandato del anterior gobierno municipal del PSOE.
Así lo establece la sentencia número 209/25 dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de El Puerto de Santa María, con fecha 9 de junio de 2025. El fallo condena a la empresa a abonar el importe mencionado, más los intereses legales correspondientes y las costas procesales.
Este nuevo logro se enmarca dentro del plan de saneamiento económico y responsabilidad fiscal que está desarrollando el equipo de Gobierno liderado por el alcalde Germán Beardo desde su llegada a la Alcaldía.
Durante este mandato, el Ayuntamiento ha conseguido reducir una deuda heredada de más de 120 millones de euros, lo que ha convertido a El Puerto en la ciudad con menor endeudamiento de la provincia de Cádiz. Asimismo, el Gobierno local ha tenido que asumir más de 1,5 millones de euros en sentencias derivadas de demandas de trabajadores “que fueron contratados irregularmente bajo los antiguos planes de empleo promovidos por el PSOE”.
Además, se ha regularizado el pago a proveedores, “resolviendo el atasco de facturas acumuladas desde el primer año del anterior mandato socialista, que permanecieron sin abonar durante años, generando importantes perjuicios económicos y de confianza institucional”.
El caso concreto del aparcamiento de la Pasarela “es especialmente significativo. La empresa adjudicataria alegó en 2022 que no podía cumplir sus compromisos contractuales tras el supuesto robo de la recaudación almacenada en una vivienda particular de uno de los socios”. Una situación que el Ayuntamiento calificó de “rocambolesca”, y que ahora “ha sido resuelta favorablemente para los intereses de los portuenses”.
Desde el Ayuntamiento se valora positivamente esta sentencia, “que respalda la defensa del interés público y supone una nueva recuperación de fondos que pertenecen a toda la ciudadanía”.
