Convocada una concentración “contra el ruido, la impunidad y el turismo de borrachera”

La plataforma ciudadana ‘El Puerto para Vivir’ convoca a la ciudadanía portuense a una concentración el próximo lunes 28 de julio a las 20:30 horas, en el templete del Paseo de La Puntilla, para denunciar públicamente “la situación de ilegalidad, desprotección e impacto ambiental provocada por la proliferación de chiringuitos-discoteca que operan en la zona de Puerto Sherry – La Calita”. Esta acción colectiva quiere visibilizar “el hartazgo creciente ante la inacción municipal, el deterioro del entorno natural y la precarización del descanso y la convivencia vecinal”. Para ello se contará con diversas voces de colectivos, vecinas y vecinos e instituciones afectadas. 
Apuntan desde ‘El Puerto para Vivir’ que “este conflicto tiene raíces profundas. En 2013, la sociedad concesionaria de Puerto Sherry forzó el desalojo del histórico chiringuito ‘La Calita’, argumentando que su ubicación invadía dominio portuario”. Añaden que “desde entonces, y bajo esa misma lógica de privatización progresiva del litoral, se han instalado hasta cuatro locales que operan como discotecas al aire libre: Phi Phi Beach, Playa Canalla, Margarita Beach Club y Blue. Todos ellos han sido autorizados bajo licencias temporales para instalaciones desmontables con música pregrabada en equipos de pequeño formato, pero lo que se ha consolidado es un modelo permanente de ocupación ilegal: estructuras fijas, actividad continuada, sonido a gran escala, venta masiva de alcohol y un volumen de residuos insostenible. Lo temporal se ha vuelto permanente y lo desmontable se ha solidificado”.
Se trata de una denuncia ciudadana “respaldada por evidencias legales”. La situación ha sido documentada en una denuncia presentada recientemente por Ecologistas en Acción de El Puerto, en la que se recoge “un repertorio sistemático de incumplimientos:
• Uso de estructuras fijas no autorizadas sobre suelo viario, contrario al Plan Especial del Puerto de la Bahía de Cádiz.
• Realización de eventos musicales masivos sin licencias específicas, infringiendo la normativa andaluza de espectáculos públicos.
• Vulneración reiterada de los niveles de ruido permitidos, afectando al vecindario de zonas como El Pago de La Alhaja (que ha recurrido al Defensor del Pueblo Andaluz) y que afecta también a la fauna local.
• Generación masiva de residuos en el entorno del pinar, especialmente vinculados al consumo descontrolado de alcohol, con grave impacto sobre el ecosistema litoral”.
Estas irregularidades no solo suponen infracciones administrativas, sino que podrían constituir delitos urbanísticos graves, tipificados en los artículos 319 y 320 del Código Penal, “tanto para promotores como para cargos públicos que los toleren o encubran”. “A ello se suma la posible prevaricación por omisión (artículos 404 y 420 del mismo Código), ante la pasividad del Ayuntamiento desde, al menos, 2021”, aseguran.
“Tenemos leyes claras, pero no instituciones valientes. Mientras pequeños negocios y empresarios cumplen normas estrictas y atraviesan procedimientos complejos que tardan mucho tiempo, otros operan con total impunidad, se les otorga procedimientos acelerados y no necesitan cumplir la ley. Es una injusticia estructural”, señala la Plataforma.
“Es un modelo turístico que expulsa a la ciudadanía. Lo que sucede en Puerto Sherry no es una anécdota ni un problema estacional, sino un síntoma de un modelo de ciudad que prioriza los intereses de unos pocos por encima del bien común. El turismo de borrachera, el uso intensivo del litoral para el ocio nocturno, la mercantilización de los espacios naturales y la conversión de playas en pistas de baile privadas expulsan a la población local del disfrute del verano y degradan el patrimonio ambiental de toda la ciudad”, dicen. La Plataforma recuerda que “este tipo de ocio no se integra en la ciudad ni cuida del entorno. El actual gobierno local, en lugar de proteger los intereses colectivos, ha favorecido una política de puertas abiertas a la ilegalidad, mostrando incluso el alcalde, Germán Beardo, una foto  en redes sociales en una de estas discotecas con licencia de quiosco-bar”.
“No queremos una ciudad donde los privilegios económicos de muy pocos estén por encima de los derechos de la mayoría. Queremos un Puerto donde el descanso, el cumplimiento de la ley y la protección del entorno sean prioridad”, afirman desde ‘El Puerto para Vivir’. “Es impensable que se permita a estos negocios privados destruir el bienestar de tantas miles de personas, robando a la ciudadanía de la tranquilidad en un zona tan grande de la ciudad”.  
Desde la plataforma, formada por colectivos vecinales, asociaciones sociales y personas a título individual, se reivindica “un modelo de ciudad justo, habitable y participativo, con barrios vivos, litoral público y políticas turísticas sostenibles”. 
En este contexto, la concentración del próximo 28 de julio tiene como objetivo:
1. Exigir la revocación inmediata de todas las licencias irregulares concedidas a los establecimientos citados.
2. Solicitar la apertura de expedientes sancionadores conforme a la legislación vigente por infracciones muy graves.
3. Reclamar la clausura de aquellos locales que incumplan reiteradamente las normativas urbanísticas y ambientales.
4. Impulsar un modelo turístico alternativo, compatible con el entorno, la legalidad y el derecho a la ciudad.
La concentración se celebrará el lunes 28 de julio a las 20:30 h, en el templete del Paseo de La Puntilla, sobre el aparcamiento de La Calita, un lugar simbólico desde el que denunciar esta situación “de desposesión colectiva”.
“Por un verano donde también la gente del Puerto pueda descansar y disfrutar. Por el derecho a dormir, a pasear, a escuchar el mar y no los altavoces. Por una ciudad viva y justa. El Puerto no está en venta. El Puerto se defiende”, finalizan desde la plataforma.