Muchos de los inquilinos que viven bajo el paraguas del Ayuntamiento, en viviendas propiedad del municipio, no pagan sus rentas de alquiler, IBI o comunidad. Desde el Consistorio, a través de Suvipuerto, no se les reclama adecuadamente esa deuda que ya va para cinco años en algunos casos, cantidad que se suma a las sentencias judiciales que le obligan a hacer frente a 500.000 euros de demandas y los más de siete millones de deudas, y a la política a costa de lo que sea, según se intuye, de realizar un “giro social” con el que pretende el gobierno local hacer frente para “garantizar, por encima de todo, la habitabilidad de las familias usuarias de las viviendas municipales”.
Es decir, Suvipuerto se encuentra en una situación insostenible. De mal en peor. En el ejercicio 2.015, Suvipuerto cerró el año con 54.080 euros de pérdidas, nada más por los impagos de inquilinos de la calle Cruces.
En 2.016, por su parte, la deuda nuevamente creció, doblando y ascendiendo hasta un total de 110.153 euros. O sea, en un año se pasó a engordar negativamente en más de 54.000 euros. Todo ello cuando en 2.014 únicamente tenía un negativo de 5.213 euros.
El parque municipal de viviendas ha visto como su deuda ha ido creciendo paulatinamente en estos dos últimos años, pasándose de los 194.403,60 euros de 2.014 a los 276.835,72 de 2.016, más de 82.000 euros de aumento de deudas.
Al igual que entonces, solo con los inquilinos de Cruces, una de las tantas viviendas municipales con las que el municipio no está haciendo frente en el cobro de sus mensualidades, se arrojan unos números rojos que empiezan a cuantificar unas deudas que crecen y crecen sin freno alguno.
En esa documentación a la que ha tenido acceso Viva El Puerto, Suvipuerto informa de las cantidades que se adeudan por parte de los inquilinos. Una información que firma la propia concejala Matilde Roselló en contestación a una petición y en la que informa de la relación deudora a tener en cuenta.
La deuda principal y mayor es la del parque municipal que arroja 302.203 euros de déficit. Le siguen 176.710 euros de los mencionados anteriormente inquilinos de Cruces, 8. Para cerrarlo, las 59 viviendas de El Tejar, que tienen unas pérdidas de 76.978 euros. Un total de 555.891 euros a 11 de agosto de 2017. Ese es el balance a día actual.
Viviendas a la carta
En la reunión del 12 de julio, y en la que se propusieron medidas a tomar, estuvieron presentes la propia Matilde Roselló, Antonio Fernández, concejal de Economía y compañero de Izquierda Unida, Francisco Lara, secretario de Política Municipal del PSOE local, Fernando Valencia, abogado contratado por Suvipuerto para asesorar a la presidenta, y Javier López, Jefe del Departamento Económico de Suvipuerto y miembro de la Coordinadora de Viviendas.
Esta Coordinadora fue el azote de la corporación anterior formada por PP y PA, y ahora se sienta a decidir el futuro de las viviendas municipales y de los que no pagan por voluntad propia. Recordemos que no hace mucho el equipo de gobierno planteaba la posibilidad de que los deudores reconocieran la deuda “estableciendo calendarios de pago de la misma por importe de al menos 1 € al mes”.
Si la situación no fuese ya de por sí complicada de revertir, durante la reunión y como punto principal se planteaba la posibilidad de aplicar la prescripción de las deudas de más de cinco años, para sorpresa de los técnicos municipales, que buscan una solución favorable a la problemática del ente y que ven que las intenciones se adentran por caminos poco justificables.
Poner fecha de caducidad a las deudas mantenidas a unas viviendas sociales no parece ser la medida más acorde ni más justa a tenor de la legalidad vigente, más allá de la ética y la conveniencia social.
Esta cuestión se pretendió aclarar durante la citada reunión ya que, para que exista dicha prescripción, es necesario que durante cinco años no se haya reclamado la deuda, situación que no ocurre en la actualidad, puesto que todos los inquilinos deben reconocer la deuda al solicitar el IBI (impuesto de bienes e inmuebles), renovación del contrato o por acuerdo entre las partes.
Tal y como se anuncia en lo acordado, “se deja abierta la posibilidad de que el supuesto de que en la medida que Suvipuerto vaya generando beneficios, se analizaría la situación de las deudas con más de cinco años de antigüedad, de tal manera de que si existen indicios razonables de que dicha deuda sería incobrable, se clasificarán como dudoso cobro y/o fallida, generando el mismo efecto que la prescripción”, se apunta en el acta de la reunión mantenida.
En el punto siguiente se plantea la posibilidad de “anular la repercusión del IBI y/o que la subvención del 95% se aplique sobre la vivienda en lugar del inquilino, de tal manera que Suvipuerto solo tendría que abonar el 5% a estos”.
Dicho de otro modo, y a tenor de la documentación consultada, el equipo de gobierno pretende que la deuda prescriba para los inquilinos y seguir bonificándoles el IBI, cuando el Consejo Consultivo de Andalucía dejó claro que deben pagarlo. O sea, lo que no pagan los inquilinos (y es seguro que algunos sí pueden pagarlo), bien sea renta o IBI, lo tienen que pagar todos los portuenses.
Hay que tener en cuenta, además, que el Consejo Consultivo de Andalucía resolvió que “la Empresa Pública de Suelo y Vivienda de El Puerto de Santa María S.A., SUVIPUERTO, está obligada a repercutir la parte de la cuota líquida del IBI que corresponda sobre los arrendatarios, debiendo hacerlo, de conformidad con el artículo 63.2 del TRLHL, en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la superficie utilizada y a la construcción directamente vinculada a cada arrendatario o cesionario del derecho de uso.
Dicha repercusión responde a un mandato legal, indisponible para la entidad arrendadora y para los arrendatarios, que están obligados a soportar dicha repercusión, con independencia de que la misma esté o no contemplada expresamente en sus respectivos contratos”.
Advierte además que, “con las cautelas expresadas, y sin dejar de subrayar que existe una duda razonable al respecto, por los términos en los que se configura la norma analizada, el Consejo Consultivo considera que, en función de las ‘circunstancias sociales’ concurrentes en la actividad desarrollada, y en uso de la autonomía local, el Ayuntamiento podría regular la bonificación prevista en el artículo 74.2.quáter del TRLHL, de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del IBI correspondiente”.
Para aplicar estas bonificaciones o falta de reclamación de deuda se plantea el estudio de elevar un acuerdo al Pleno. Difícil tarea la de justificar el impago, la falta de reclamación de las cantidades adeudadas, la aplicación de políticas “sociales” y la explicación ante el Pleno y el Ministerio de Hacienda.
Alquileres a 0 €
La situación propone ofrecer alquileres a cero euros, tal y como se recoge en un acta del Consejo de Administración donde la propia Matilde Roselló, su presidenta, aseguraba que “en cuanto a la deuda del parque municipal y dado que ahora la mayoría tienen renta cero al mes, no se incrementará de manera tan exponencial como ocurre en Cruces.
Sin embargo, de la dirección igualmente se van a plantear medidas para solicitar al Ayutamiento que, mediante el Plan de Ajuste o calendario de pagos vaya afrontando y abonando a la sociedad los créditos que se vayan considerando incobrables, así como medidas judiciales contra que, pudiendo pagar, no afrontan cantidad alguna. 
