El incremento del gasto en servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales ha sido del 7% entre 2019 y 2021, mientras que el incremento del gasto en el resto de políticas fue el 34% en ese mismo periodo, es decir, casi 5 veces más, como denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
De este modo, el documento 'La inversión social por comunidades. Sanidad, educación y servicios sociales', dado a conocer este miércoles por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, evidencia la pérdida de peso del gasto social en las comunidades a pesar de que la crisis sanitaria y social provocada por el Covid-19 demostró la importancia del gasto en este tipo de políticas, según la asociación que lamenta que "hayan tenido que pasar 10 años y una pandemia para recuperar el gasto social pero su incidencia en los presupuestos autonómicos es cada vez menor".
Así, cifra en 8.526,8 millones de euros el aumento del gasto corriente en políticas sociales (sanidad, educación y servicios sociales) en el conjunto de comunidades entre 2019 y 2021, poniendo el foco en el "exiguo crecimiento" del 3,5% del gasto sanitario (2.356 millones). La asociación precisa que el presupuesto en 2021 es definitivo (no liquidado) y es en la Sanidad donde se producen con más frecuencia desviaciones presupuestarias.
En el resto de partidas sociales, entre 2019 y 2021, el gasto de las políticas sociales registró un incremento del 6,96%; en educación, ascendió al 9,98% y en servicios sociales, al 14,95%
El informe también destaca el aumento de las transferencias estatales, que alcanza 23.701,7 millones de euros en este periodo, un incremento de financiación estatal que no se ha visto reflejado en la misma medida en un incremento en el gasto social en las CC.AA, según los autores del estudio, que analizan los datos en cuantía y porcentaje.
En el caso de la cuantía, se puntualiza que todas las CC.AA., salvo Cataluña, Madrid y Murcia, han superado en 2021 el gasto social por habitante que tenían en 2019, destacando el caso de Castilla-La Mancha con un aumento de 514,9 euros y La Rioja con 487,3 euros, frente a Cataluña que lo reduce en 134,5 euros, Madrid en casi 119 euros y Murcia en 64,9 euros.
Si se analiza el peso específico que estas políticas tienen en el escenario general, 12 de las 17 CC.AA, han reducido el porcentaje del presupuesto que destinan a cubrir las políticas sociales. En este sentido, destacan los descensos de la Comunidad de Madrid (-10,18%) y Asturias (-6,72%), seguido de Extremadura (-5,93%) y Cataluña (-5,55%).
En cuanto al gasto por habitante y en el año 2021 en cada CC.AA., las cifras son desiguales y pone de ejemplo los 2.202 euros que Madrid invierte en consolidar sus derechos sociales frente a los 3.748 euros de Navarra o los 3.570 euros del País Vasco. Entre las Comunidades de Régimen Común, destaca Extremadura, con 3.371 euros; Asturias (3.293 euros) y Cantabria (3.192 euros).
De nuevo Madrid (con 2.202 euros) y Cataluña (con 2.423 euros) se encuentran a la cola del gasto social por habitante, un 20,6% inferior a la media de España.
El documento también incide en que, en los últimos diez años, hasta 2019, no se superó el gasto que las CC.AA. destinaban a políticas sociales (sanidad, educación y servicios sociales) ni en cuantía ni en gasto por habitante.
Así, los 116,9 millones de euros de 2009 sólo se superan en 2019 (con 122,5 millones) y los 2.774,8 euros por habitante y año en gasto social de media en el conjunto de CCAA en 2021 ni siquiera es un
10% superior al de 2009 (+9,4%).
Desde 2010, el porcentaje que representa este gasto sobre el total de los presupuestos autonómicos marca una tendencia descendente, rota ligeramente en los años 2015 y 2016. En 2010 representaban el 67,4% del presupuesto autonómico, mientras que 12 años después este porcentaje ha caído 9 puntos y se sitúa en 58,3%, en una tendencia decreciente, añade el estudio.
En cuanto al gasto en el resto de políticas continúa aumentando y, si en 2008, su coste suponía 121 euros por habitante, en 2021 ha supuesto siete veces más (840,5 euros), limitando así la capacidad de las CCAA para incrementar su gasto en sanidad, educación y servicios sociales, concluyen los autores del documento.
