El bloqueo del CGPJ agrava la crisis de la Justicia: 80 vacantes y sigue subiendo

Desde este jueves son 80 las sillas vacías en la Justicia. 22 en el Supremo, 33 en Tribunales Superiores, 24 en Audiencias Provinciales y una en la Audiencia Nacional, una situación que solo puede ir a peor habida cuenta de las nulas expectativas de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en plena vorágine electoral.

Esta cifra se alcanza con la jubilación del magistrado Miguel Colmenero de la Sala de lo Penal del Supremo, que hasta ahora era la única que permanecía indemne en el alto tribunal, donde la situación es especialmente complicada en lo Social y en lo Contencioso.

Comparada con estas salas, los efectos de la salida de Colmenero son más testimoniales que prácticos en la Sala de lo Penal, compuesta por 15 magistrados, más aun cuando es común que transcurra un tiempo cuando se produce una vacante en cualquier sala antes de que el CGPJ realice el nombramiento. Pero esto no ocurrirá ahora.

¿UNA PELÍCULA DE TERROR O DE CIENCIA FICCIÓN?

Primero porque no hay expectativa alguna de renovar el Consejo General del Poder Judicial en pleno arranque de la precampaña electoral de los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo, y menos aún después, con las generales a fin de año.

Y segundo, porque sigue en vigor la ley impulsada por el Gobierno que prohíbe al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos cuando está en funciones, en este caso desde diciembre de 2018.

"Antes el panorama era desolador, ahora uno se queda sin palabras", afirma un magistrado a EFE que se pregunta "si la situación es digna de una película de terror o de ciencia ficción".

Y eso que las cifras solo pueden ir a peor. "El problema no es saber que uno está mal, sino que mañana estará peor", explica otro magistrado, consciente de que las futuras jubilaciones en la alta judicatura agravarán aun más el problema y sus consecuencias porque, como ha ya advertido el Supremo, menos jueces, menos sentencias.

EL SUPREMO ADVIERTE: MENOS JUECES, MENOS SENTENCIAS

El Supremo estima que en 2023 solo en las dos salas más afectadas por las vacantes, que son la de lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo, se dictarán unas 1.230 sentencias menos (570 menos en Contencioso y 660 en Social), "con el grave perjuicio para el justiciable que eso supone", y con el grave retraso en miles de resoluciones que abocarían al "colapso" de ambas salas.

Las cifras hablan por sí solas. 12 vacantes en lo Contencioso, 5 en lo Social, dos en lo Militar, dos en lo Civil y una en lo Penal, casi un 30%, según datos facilitados a EFE por el Consejo.

A la utopía de un acuerdo político entre los dos grandes partidos y el limitado margen de maniobra del CGPJ para resolver el problema, se suman ahora las discrepancias en el órgano de los jueces para presionar al Legislativo o explorar vías alternativas.

EL CGPJ SIN VÍAS ALTERNATIVAS PARA PALIAR EL PROBLEMA

El pasado febrero, un Pleno extraordinario del CGPJ que se convocó para tratar únicamente el "grave" problema del Supremo no logró sacar adelante ningún plan, ni el planteado por la Comisión Permanente ni el texto alternativo de dos vocales.

La propuesta de la Permanente urgía al legislativo a renovar el Consejo o de lo contrario que le devuelva las competencias para hacer nombramientos, mientras que el plan B solicitaba a las Cámaras que se habilitara al CGPJ para efectuar los nombramientos discrecionales que permitan cubrir, a propuesta motivada de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, el mínimo de vacantes necesario para garantizar el normal funcionamiento de sus distintas salas.

Más reciente fue el órdago planteado por el vocal progresista Álvaro Cuesta a sus compañeros de grupo para que dimitieran de sus cargos y forzaran así la renovación del Consejo, una propuesta que causó malestar entre los vocales progresistas por las formas que empleó y sin consultarlo previamente. No salió adelante.

Y cómo dice un vocal del Consejo, la renovación no acabaría de inmediato con el problema pues aun pasarían meses hasta convocar las plazas y culminar los nombramientos, una cuestión que, además, exige tiempo y largas sesiones de debate antes de completarse.