Los testigos llamados a declarar a petición del Ministerio Fiscal, en el juicio correspondiente al caso de los cuatro empresarios y un agente de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía acusados de delitos contra la ordenación del territorio, así como de realizar construcciones ilegales en una finca de la localidad onubense de Bonares , ratificaron ayer los hechos y destacaron “el cambio de uso clarísimo” en la finca de ‘El Avispero’.
En la sesión celebrada ayer en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva, uno de los cuatro agentes de la Policía Nacional que acudió como testigo afirmó que, “dada la magnitud de la transformación de la finca no se entiende cómo no se había detectado en los informes, ni se había abierto un expediente sancionador”.
En este sentido, aseguró que se abrieron dos diligencias, una en la finca de la sociedad Agromolinillo Sociedad Cooperativa Andaluza, cuyo propietario es el imputado J.M.S, y otra en la finca de A.C.P, y pese a que ambas son distintas en el tiempo --la primera en 2006 y la segunda en 2005-- en las dos se observa “el cambio de uso de forestal a agrícola y la construcción de naves y balsas”. De este modo, el agente afirmó que debido a las actuaciones realizadas en la finca de J.M.S "ha desaparecido un arroyo" de la zona, por lo que incluso el Cuerpo Nacional de Policía solicitó en su momento un informe al Ayuntamiento de Bonares para conocer si esa zona estaba enmarcada dentro del espacio protegido por el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito del espacio protegido (Potad).