La nueva Estrategia de Seguridad Nacional aprobada este viernes por el Gobierno considera que se ha "derrotado" a ETA, aunque la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recalcado que "mientras no se disuelva", las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen que "seguir trabajando". "Es una tarea que nos preocupa y ocupa", ha afirmado.
El nuevo documento, que revisa la estrategia aprobada por el anterior Gobierno, actualiza el catálogo de riesgos y amenazas a los que se enfrenta España. A la lista que contemplaba el texto coordinado por Javier Solana --conflictos armados, terrorismo, crimen organizado, inseguridad económica y financiera, armas de destrucción masiva, ciberamenazas, migración no controlada, vulnerabilidad energética, emergencias y catástrofes-- se incorpora ahora el espionaje y la vulnerabilidad del espacio marítimo.
Por lo que se refiere al terrorismo, la estrategia recuerda que España "ha sufrido desde hace más de cincuenta años la crueldad y la sinrazón del terrorismo de ETA" y señala que "la madurez de la sociedad española", que tienen en las víctimas su "referencia ética", "la unidad de los partidos políticos, la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Servicios de Inteligencia", así como al "trabajo de los jueces y fiscales" y la "cooperación internacional", han conseguido "imponerse a la amenaza de la banda terrorista".
"La fortaleza del Estado de Derecho, la solidez de sus instituciones y la eficacia de las acciones implementadas han derrotado a ETA, sin perjuicio de que la democracia siga actuando y no baje la guardia hasta conseguir la disolución de la banda terrorista", añade el documento.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la 'número dos' del Gobierno ha insistido en este extremo, al señalar que cuando se habla de ETA "hay una cosa que hay que tener muy presente, que mientras no se disuelva, está ahí". "Hay que trabajar sin descanso para lograr su completa disolución", ha recalcado, antes de asegurar que, mientras tanto, "ni el Gobierno, ni el Estado ni sus instituciones se va a relajar".
NUEVO CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL, PRESIDIDO POR RAJOY
Además de aprobar esa estrategia, el Gobierno ha acordado crear el Consejo de Seguridad Nacional, un órgano que estará presidido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando no asista el Rey, y que se reunirá con carácter bimensual. Entre sus primeras tareas estará presentar en el plazo de seis meses un anteproyecto de ley orgánica de Seguridad Nacional.
Además, en sus funciones estará aprobar un Informe Anual de Seguridad que será presentado a las Cortes Generales y realizar el control del adecuado funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional.
El Consejo, que se encargará también de la dirección y gestión de crisis, estará integrado por la vicepresidenta del Gobierno y los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación; Defensa; Interior, Hacienda y Administraciones Públicas; Fomento, Economía y Competitividad, y Industria, Energía y Turismo.
También estarán el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el director del Centro Nacional de Inteligencia y el secretario de Estado de Seguridad. Su secretario será el director de Gabinete de Presidencia del Gobierno.
En su presentación, Sáenz de Santamaría ha destacado que la Estrategia Española de Seguridad cuenta con el "respaldo político" del principal partido de la oposición, que ha participado en la redacción del texto.
La vicepresidenta ha insistido en que el Gobierno ha mantenido contactos con el PSOE para la elaboración de esta estrategia por está convencido de que debía ser abordada desde el diálogo y el consenso, porque es una cuestión de "política de Estado" y así se facilita, además, que los logros "traten de preservarse" en el tiempo.
LA CRISIS: UNO DE LOS MAYORES RETOS
El documento parte de la base de que la seguridad nacional debe entenderse "de una forma integral y amplia" y debe tener en cuenta todos los aspectos que afectan a la seguridad del Estado y sus ciudadanos. Por eso, señala que actualmente la crisis financiera y económica es "uno de los mayores retos" a los que se enfrenta, que llevan a extremar "la necesidad de ser eficientes en la respuesta".
En concreto, señala que la inestabilidad económica es una amenaza "no sólo por la conflictividad política y social que genera, sino también porque alimenta y refuerza otros riesgos existentes". Aunque los factores que la provocan son "múltiples y muy heterogéneos", su origen está en "desequilibrios macroeconómicos o de los mercados, actuaciones ilegales o en el deficiente funcionamiento de los organismos supervisores".
El documento también destaca que, en un mundo globalizado como el actual, los cambios y la evolución del panorama geopolítico afectan a la seguridad nacional. "La seguridad y el bienestar de España y de sus ciudadanos se determinan y gestan dentro y fuera de nuestras fronteras, dado el carácter trasnacional de los desafíos a la seguridad", señala.
En concreto, explica que las "grandes prioridades estratégicas" de España son Europa y el Mediterráneo. Respecto a la UE, señala que las "incertidumbres sobre los avances en la integración política y económica debilitan considerablemente a la Unión", una situación que llama a "abordar y resolver" en aras de la seguridad de todos.
GIBRALTAR: UNA ANOMALÍA EN EUROPA
Además, como ya hacia el texto aprobado por el anterior Gobierno, se refiere a Gibraltar como "una anomalía en la Europa de hoy y una disfunción en las relaciones entre dos países socios y aliados", que "plantea a España y a Europa problemas de seguridad en diversos ámbitos, que requieren soluciones eficaces", que según añade esta estrategia, deben buscarse "de acuerdo con los parámetros establecidos por Naciones Unidas y plasmados en la Declaración de Bruselas de 1984, acordada por los Gobiernos español y británico.".
En relación con el Mediterráneo, habla del Magreb como región de "particular interés para España" que presenta grandes desafíos. En general, señala que nuestro país tiene "intereses particulares" en todo el continente africano, que deben articularse "a través de relaciones de cooperación".
Particularmente, fija tres zonas "vitales" en las tres próximas décadas: el Sahel, el Cuerno de Africa y el Golfo de Guinea. "El fomento de nuestra seguridad pasa por trabajar en todas estas zonas con nuestros socios y aliados", dice, subrayando que, en las dos primeras zonas, confluyen "tráficos ilícitos, conflictos étnicos, terrorismo, Estados fallidos, subdesarrollo y extremismos ideológicos".
De hecho, destaca que la amplia extensión del Sahel y la fragilidad de sus Estados "están convirtiendo la región en terreno propicio para conflictos interétnicos, la proliferación de redes delictivas y grupos terroristas yihadistas".
Por lo que se refiere a la amenaza concreta de los conflictos armados, el texto señala que, a corto plazo, la crisis y su impacto en los presupuestos de Defensa en Occidente puede llevar a "una mayor renuencia a las intervenciones militares" y, aunque reconoce que "serán inevitables", explica que la tendencia es "que sean acciones limitadas".
A pesar de la crisis, indica que España "debe mantener una capacidad defensiva propia, creíble y efectiva", dada su situación geográfica. En concreto, dice que el "objetivo" de la Defensa Nacional es "hacer frente a los conflictos armados que se puedan producir como consecuencia tanto de la defensa de los intereses o valores exclusivamente nacionales --en los que intervendría de manera individual--, como de la defensa de intereses y valores compartidos" en virtud de su pertenencia a la ONU, la OTAN y la UE.
