CiU defenderá el próximo martes 10 de febrero en el Pleno del Congreso de los Diputados que sean las propias comunidades autónomas las que decidan sobre el destino social o medioambiental del 0,7% del IRPF, a través de una proposición de ley, según informaron a Europa Press en fuentes parlamentarias.
La iniciativa, aunque fue registrada en enero de 2012, se debatirá el próximo martes en el Congreso, y en ella, los nacionalistas catalanes recuerdan cómo el porcentaje del IRPF destinado a otros fines de interés social ya ha sido objeto de diversas iniciativas parlamentarias, aunque sin éxito, con el objetivo de incrementar el volumen de recursos y conseguir su distribución entre las comunidades autónomas para que sean éstas las que gestionen íntegramente los fondos.
Los nacionalistas proponen que esta territorialización de fondos se efectúe de acuerdo con la recaudación que en el territorio de cada comunidad se obtenga por este concepto.
Por su parte, quieren que las comunidades autónomas destinen los ingresos obtenidos de la citada asignación tributaria, a los programas de cooperación y voluntariado sociales desarrollados por ONG y entidades sociales sin fines de lucro dirigidos a ancianos, personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, personas incapacitadas para el trabajo o incursas en toxicomanía o drogodependencia, personas en situación de riesgo de exclusión social y en general a actividades de solidaridad social, para cubrir necesidades sociales de interés general.
A su vez, plantean que la transferencia anual a las comunidades autónomas de la cantidad correspondiente a la asignación en cada ejercicio se hará efectiva antes de finalizar el primer trimestre del año siguiente al de liquidación del impuesto, al mismo tiempo que proponen que el Gobierno informe a las Cortes anualmente, de la ejecución de las previsiones contenidas en esta propuesta.
¿POR QUÉ TERRITORIALIZAR?
"Muchas son las razones que justifican esta última demanda: posibilitar el ejercicio de las competencias exclusivas de las
comunidades autónomas en materia de acción social; garantizar la dotación de recursos para programas sociales y medioambientales de entidades de ámbito local y autonómico; hacer efectivo el principio de proximidad como elemento rector de la política social; y vincular recaudación y distribución para evitar el desincentivo que provoca la inexistencia de esta relación", argumentan los nacionalistas catalanes.
Asimismo, CiU cree que se debería territorializar este 0,7% del IRPF porque son las comunidades autónomas quienes tienen la competencia en acción social, servicios sociales, voluntariado, asociaciones y fundaciones, y "la jurisprudencia del Tribunal Constitucional así lo ha afirmado en múltiples ocasiones".
"El Estado no puede y no debe condicionar las políticas públicas en materias cuya competencia corresponde a las comunidades autónomas, dedicando recursos en forma de asignación directa, en forma de subvenciones. El Estado no debería imponer a las entidades receptoras de la asignación tributaria del*IRPF destinado a otros fines de interés social, un modo u otro de organización", agregan los independentistas catalanes.
Así, se muestran sorprendidos por "la voluntad" que el Ejecutivo ha manifestado en diversas ocasiones, de exigir a las asociaciones locales o autonómicas que se federen con entidades de otros territorios o con entidades de carácter estatal para poder optar a las ayudas.
Además, CiU recuerda cómo en la anterior legislatura, en concreto el 17 de septiembre de 2008, el Pleno del Congreso de los Diputados se volvió a pronunciar sobre la cuestión al aprobar una moción con la que se comprometía al Gobierno a establecer medidas y criterios que permitieran, de forma gradual, la distribución territorial entre las comunidades autónomas de la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF destinado a fines sociales.
