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El PSOE promoverá la investigación de bebés robados si llega el Gobierno

El compromiso del PSOE es "articular los procedimientos legales que permitan investigar y conocer toda la verdad sobre estos delitos de lesa humanidad, como han sido calificados por la Comisión de Naciones Unidas en el informe sobre personas desaparecidas"

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El PSOE promoverá, en caso de que llegue al Gobierno, la investigación sobre el presunto robo de miles de bebés que hubo en España entre 1940 y 1990 para "conocer toda la verdad" de un asunto que considera que tiene que abordarse como un "problema de Estado".

Los socialistas han incluido esta propuesta en su programa de las elecciones generales del 20 de diciembre después de haber defendido durante la legislatura que ahora termina la necesidad de esclarecer la trama, desarrollada especialmente durante la dictadura franquista.

El compromiso del PSOE es "articular los procedimientos legales que permitan investigar y conocer toda la verdad sobre estos delitos de lesa humanidad, como han sido calificados por la Comisión de Naciones Unidas en el informe sobre personas desaparecidas".

También se quiere dotar de cobertura "jurídica, psicológica y asistencial" a las víctimas, según reza su programa electoral.

El secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, se reunió ayer, miércoles, en Madrid con representantes de la Asociación SOS Bebés Robados Madrid para exponerles la propuesta de su partido, informan los socialistas en un comunicado.

Las asociaciones de víctimas y afectados trasladaron a Pradas su "descontento por el trato que reciben" y la falta de interés por investigar las denuncias por parte de la Fiscalía, juzgados y Ministerio de Justicia".

También se quejaron de no recibir ninguna ayuda institucional y de que tengan que pagarse los gastos legales, la asistencia psicológica y las pruebas de ADN para intentar probar quiénes son sus progenitores.

Según los datos de las asociaciones de afectados, unos 300.000 bebés fueron robados durante la segunda mitad del siglo pasado en España.

Los colectivos sostienen que se trata de una realidad silenciada que comenzó con la dictadura franquista por razones ideológicas y que concluyó ya en democracia como una trama de venta de seres humanos con fines lucrativos.

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