El portavoz del Partit Demòcrata Catalá (PDC) en el Congreso, Francesc Homs, ha avanzado hoy que la sentencia de la causa judicial abierta en el Tribunal Supremo está "cantada" porque será "condenatoria", pero ha advertido de que "no se acatará políticamente".
En rueda de prensa tras declarar en el Tribunal Supremo por la consulta del 9N, y flanqueado por altos cargos de su partido y del Govern como Artur Mas o Neus Munté, el hoy portavoz de la formación catalana en el Congreso se ha mostrado muy crítico por esta causa abierta, toda vez que demuestra que "se está haciendo política con los tribunales" en una línea de actuación que es "seguidismo" del Gobierno del PP.
Ha indicado que dicho proceso "político", "sin garantías judiciales", persigue "un escarmiento" para desactivar el proceso independentista, pero ha augurado que el efecto en las instituciones y partidos catalanes será "al revés".
Dentro de las críticas a la causa judicial, cuyo siguiente paso podría ser la petición del suplicatorio al Congreso para imputar a Homs (algo que él considera seguro, según sus palabras), la Fiscalía ha ocupado el centro de ellas, al considerar que actúa como "brazo armado" del Gobierno en funciones y mantiene "una actividad gregaria" hacia él.
"Mi sensación es que se trata de un proceso político, no jurídico, en donde el derecho es el pretexto, pero se quiere otra cosa", ha proseguido en la rueda de prensa antes de apuntar, en catalán, que cree que la sentencia será "condenatoria". Luego, en castellano, no ha empleado ese término.
El fallo, por tanto, está preestablecido, pero ha avisado de que "no va a servir de nada", como se ha podido comprobar estos días dadas las muestras de respaldo recibidas, provenientes de la política catalana.
A su juicio, por el tono de las preguntas de los magistrados en un interrogatorio que ha durado cerca de hora y media, y por la sintonía entre estos y la Fiscalía, ha quedado demostrado que "la sentencia está hecha antes de empezar". Es lo "propio de un proceso político", ha rematado.
Más allá de la respuesta a la sentencia en un marco meramente jurídico, sobre lo que Homs ha subrayado que se seguirá actuando, sí se ha sido más preciso al indicar que, "políticamente", la sentencia no se acatará.
Aunque en principio no se ha referido a quiénes desobedecerán la resolución de la justicia, ha indicado más adelante que ante la situación actual, "las instituciones y los partidos catalanes", en vez de verse escarmentadas, darán una contestación "al revés".
Ha asegurado en este sentido: "Si se intenta amedrentar, limitar nuestra actuación, o como una muy alta representación me dijo, que es necesario un escarmiento para que el proceso decaiga, pues entonces no se han enterado de nada".
El dirigente catalán, quien antes de la comparecencia ante la prensa ha celebrado una charla informal con la representación que le ha acompañado para relatar el interrogatorio, ha profundizado en algunas de las preguntas formuladas durante el mismo.
Así, tras desvelar que los magistrados le han reconocido errores en la cédula de citación, ya que es aforado, ha reprochado que los jueces hayan expuesto, por ejemplo, la celebración de la rueda de prensa del 9N en el Pabellón de Italia de Barcelona, y no en la sede de la Generalitat, o la carta que firmó para pedir a una de las empresas organizadoras de la consulta que siguiera adelante.
Hechos que, según sus declaraciones, la acusación ha empleado para acreditar su participación activa en la consulta del 9N, y en consecuencia, para certificar los presuntos delitos que le han llevado al Supremo: prevaricación, desobediencia y malversación por no acatar la sentencia del Constitucional contra la consulta.
También ha desgranado los argumentos con los que ha testificado: que el 9N de 2014 el Govern actuó conforme a la legalidad y al mandato democrático del Parlament, y que aquel Gobierno del que formó parte trabajó por garantizar los derechos de participación de la ciudadanía, así como su libertad de expresión y de ideología.
En contraposición, la actuación del Ejecutivo del PP, hoy en funciones.
Para Homs, hay varias pruebas de ello, y ha citado dos: el criterio distinto entre la Junta de Fiscales en Cataluña, que no vio los delitos citados, y la Fiscalía General, lo que tuvo como colofón la dimisión de su anterior titular, Eduardo Torres Dulce.
O también las conversaciones grabadas entre el ministro Jorge Fernández Díaz y el exdirector de la Oficina Antifraude.
