El juicio por la pieza principal del caso Emarsa, relativo a un presunto desfalco que ronda los 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia), ha arrancado este miércoles en la sección primera de la Audiencia con 24 acusados en el banquillo y tras siete años de investigaciones.
La vista ha comenzado sobre las 10.00 horas con cuestiones previas. Finalmente esta pieza se dirige contra 24 personas tras dejar el tribunal fuera del procedimiento a un empresario de lodos, José Luis Sena, a quien se le juzgará en otra causa independiente cuando se le designe un abogado del turno de oficio, después de que el suyo presentara una renuncia por baja médica.
El juicio arranca tras dos aplazamientos. El primero, hace ya más de un año y medio, tuvo lugar tras reclamarlo algunas defensas en base a que hacía tres meses que se había detenido al fugado Jorge Ignacio Roca y se estaba a la espera de que fuera extraditado a España. Entonces el caso volvió al juzgado, se practicaron nuevas diligencias y se señaló nueva fecha de juicio para el 13 de marzo de 2017.
Durante ese tiempo, algunos acusados cambiaron de letrado a causa de renuncias o alguna incapacidad, y precisamente éste motivo fue el alegado por las defensas para volver a pedir la suspensión de la vista en el mes de marzo. El tribunal volvió a aceptar un aplazamiento y fijó nueva fecha de juicio para el día 2 de mayo.
Entre los acusados, además de Roca, se encuentran el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y expresidente del consejo de administración de Emarsa, Enrique Crespo; y los que fueran cargos de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla (gerente) e Ignacio Bernácer (jefe de Explotaciones).
Asimismo, se sentarán en el banquillo de los acusados el exgerente de la depuradora, Esteban Cuesta; Enrique Arnal, ex director financiero de Emarsa; Adolfo Polo, jefe del área medioambiental; Sebastián García Martínez 'Chanín', exinformático de la entidad; Enrique Arnal Llorens, ex director económico-financiero; Santos Peral, jefe de contabilidad y que tenía responsabilidad políticas en el PP de Valencia e Ignacio Martínez Maiques, jefe de compras e igualmente miembro del PP.
Junto a ellos figuran los empresarios Enrique Sena y Vicente Ros Bartual, relacionados con Notec; María Paz García martínez, hermana de 'Chanín'; la administradora del Grupo Mas, Eva Marsal Gil; Juan Manuel García, administrador de Arrima Centre d'Estudis; Juan Carlos Gimeno, que fue encargado de gestión ambiental de la planta y posteriormente administrador de Area Este y CRM Adecua y Vicente Tomás Benlloch, administrador de Viajes Benimàmet.
Otros acusados son Ana María Ríos Solaz, periodista contratada por Emarsa; Leonor Moreno, abogada de la entidad; Luis Antonio Botella, abogado y primer teniente alcalde de Moncada; Rafael Quiles, asesor del grupo de empresas de 'Chanín'; Daniel Calzada de la mercantil Llar Calzada y a José Ramón Cuesta, hermano del exgerente.
El procedimiento saltó a la luz en 2010, cuando el PSPV denunció que Emarsa acumulaba un déficit de al menos 16 millones de euros, además de contratos no justificados por valor de unos 32 millones más. El proceso se dividió en 11 piezas, entre ellas la principal.
