La Comisión presidida por la juez Yvonne Murphy expuso las conclusiones de un documento presentado públicamente por el ministro irlandés de Justicia, Dermot Ahern, el cual prometió ayer que los sacerdotes pederastas serán llevados ante la Justicia, al tiempo que calificó su “reino de terror” de “sistemático y calculado”.
En esos mismo términos se expresó un “avergonzado y apenado” arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, tras conocer el escandaloso contenido del informe, de 700 páginas.
La connivencia entre la jerarquía eclesiástica y las autoridades del Estado, entre ellas la propia Policía y la Fiscalía, sirvió, dice el texto, para encubrir los esfuerzos de cuatro obispos dublineses por mantener el “prestigio de la iglesia, proteger a los pederastas y los bienes de la Iglesia, y evitar escándalos”.
Sea como fuere, el Gobierno se ha visto obligado, por segunda vez en lo que va de año, a pedir perdón públicamente e insistir en que los años de “abuso y secretismo” han acabado, por lo que anunció que la versión completa del informe se publicará próximamente.
Durante tres años, la magistrada examinó más de 100.000 archivos relativos a denuncias presentadas por 450 personas contra 46 sacerdotes por hechos ocurridos entre 1975 y 2004, así como el manejo del escándalo por parte de 19 miembros de la jerarquía católica, entre ellos el cardenal Desmond Connell.
Mientras el llamado Informe Ryan presentaba hace siete meses un catálogo de horrores cometidos por sacerdotes, monjas y personal seglar contra miles de niños en centros educativos públicos gestionados por la Iglesia, la Comisión sobre Abusos en la Archidiócesis de Dublín centra sus investigaciones en los mecanismos seguidos durante décadas por las autoridades para tapar lo ocurrido.
Sus conclusiones pintan ahora un cuadro más completo de una situación que, si bien ha acompañado a la sociedad irlandesa desde la creación del Estado Libre (1922), no explotó hasta bien entrada la pasada década de los 90.
Ya fuese por el deseo de la Iglesia por conservar su enorme poder o por el afán del Estado por contar con un instrumento de control para mantener la supuesta superioridad moral de un país joven frente a los vecinos protestantes de Irlanda del Norte y el Reino Unido, el caso es que la relación entre ambos se ha basado durante muchos años en vínculos casi mafiosos.
Así lo refleja el Informe Murphy, al asegurar que la política y tácticas de ocultación de los dirigentes católicos se pueden resumir bajo la frase “no preguntes, no hables”.
“La Comisión -explica el informe- no tiene duda alguna de que el abuso sexual clerical fue encubierto por la Archidiócesis de Dublín y otras autoridades de la Iglesia. Las estructuras y reglas de la Iglesia Católica facilitaron ese encubrimiento”.
“Las autoridades del Estado –prosigue– facilitaron el encubrimiento al no cumplir con sus obligaciones y asegurar que la ley se aplicase a todos por igual, lo que permitió a las instituciones de la Iglesia mantenerse fuera del alcance del proceso legislativo normal”.
Instan a sacerdotes y fieles a denunciar
El primado de la Iglesia Católica irlandesa, cardenal Sean Brady, instó ayer a sus sacerdotes y feligreses a “cumplir totalmente” con sus obligaciones con la ley y a “cooperar con la Policía en la denuncia de cualquier delito”.
“Nadie está por encima de la ley en este país”, afirmó en un breve comunicado el arzobispo de Armagh.
“Estoy impresionado y avergonzado por el abuso de niños descrito. Quiero pedir disculpas a todos aquellos que han sufrido.
También quiero pedir perdón a toda la gente de Irlanda por el hecho de que este abuso haya sido ocultado y de que la reputación de la Iglesia se haya interpuesto a la seguridad y bienestar de los niños”, indicó.
