La Fiscalía de Málaga ha presentado escrito de acusación contra la exalcaldesa de la localidad malagueña de Estepona Rosa Díaz y otras dos personas --uno de ellos el extesorero municipal-- por presuntas irregularidades en la venta y adjudicación de parcelas a un precio inferior al de mercado a través de sociedades municipales. Asimismo, pide el archivo de la causa respecto al exregidor del municipio Antonio Barrientos, que denunció estos hechos en 2006.

   Según las conclusiones iniciales del fiscal, la entonces alcaldesa y los otros dos acusados, éstos como liquidadores de dos entidades públicas, "se pusieron de acuerdo para beneficiar" a dos mercantiles en el proceso de enajenación de varias fincas, para lo que "realizaron los actos administrativos y las gestiones necesarias para favorecer a aquellas empresas en el proceso de adjudicación", de forma que "infringieron de forma deliberada diversas normas".

   Asimismo, el ministerio público sostiene en su escrito provisional de acusación que los procesados, para los que pide la apertura de juicio oral, "se apartaron del interés público" de forma que adjudicaron las fincas "por un precio muy inferior a su valor de mercado, causando así un grave perjuicio a los intereses patrimoniales de las arcas municipales".

   Según el fiscal, en 2001 se acordó la transmisión a la empresa municipal Servicios Estepona XXI de cinco fincas con valor de 3,2 millones de euros para ampliación de capital. Ese acuerdo fue elevado a público en marzo de 2002 mediante escritura pública en la que participó la acusada en representación del Ayuntamiento y los otros dos procesados, como liquidadores mancomunados de la entidad municipal.

   En una junta general de la sociedad, en la que, según la acusación pública, estaban presentes los acusados, se acordó la venta de dichas fincas a la mejor oferta recibida tras el anuncio de enajenación publicado en agosto en un diario deportivo. Esta oferta fue realizada por una empresa por un valor de 3,5 millones de euros, tras lo que se acordó su venta a la misma, se otorgó escritura de compraventa y se elevó a pública.

   Para el fiscal, estas operaciones de traspaso y enajenación se llevaron a cabo "a precio muy por debajo del valor de mercado y de todo ello eran conocedores los acusados, causando un grave perjuicio a los intereses patrimoniales del municipio", ya que las fincas han sido tasadas pericialmente en total entre los ocho y los 10 millones de euros.

   Asimismo, en la misma comisión de gobierno de 2001 se traspasaron a otra sociedad, en este caso Planeamiento Estepona XXI, otras fincas, también como ampliación de capital. En este caso, relata la Fiscalía, se siguió el mismo proceso, interviniendo la exalcaldesa y uno de los acusados, como liquidador de la entidad municipal. También la junta general acordó la venta, en este caso, por 1,9 millones de euros a otra empresa, cuando el precio era superior.

   Por estos hechos, se acusa a la exalcaldesa y a uno de los liquidadores por un delito continuado de fraude a la administración en concurso medial con otro de prevaricación, solicitando para cada uno una pena de tres años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años.

   Asimismo, al que era tesorero, por su participación como liquidador, se le acusa por un solo delito de fraude a la administración en concurso medial con otro de prevaricación, por lo que se solicita dos años y medio de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante nueve años. Asimismo, se insta a declarar la nulidad de la venta y que las fincas vuelvan a las entidades vendedoras.

   En lo que respecta al exalcalde Antonio Barrientos, que fue imputado en la causa y fue el que presentó denuncia ante el ministerio público la primera vez en 2006 y luego en dos ocasiones más, el fiscal no formula acusación y solicita el archivo del procedimiento respecto a él, al estimar que no ha quedado acreditada su participación en el supuesto fraude.

   En su momento, cuando Barrientos fue llamado a declarar como imputado, ya pidió que se siguieran investigando los hechos hasta el final para que se esclarecieran por completo, y no que se archivara, como ha pedido la defensa de otros acusados; mostrando, entonces, su extrañeza con que se publicara la venta en un diario deportivo y en agosto.