El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares para investigar un posible menoscabo de fondos públicos en el contrato de recogida de basura adjudicado por el Ayuntamiento de Dílar (Granada), después de que el PSOE pusiera en conocimiento de este órgano el incumplimiento por parte de la adjudicataria de las condiciones estipuladas.
En un comunicado, el PSOE informa de que la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha desestimado el recurso del gobierno municipal del PP y, atendiendo al planteamiento de la Fiscalía, se ha reafirmado en la intención de investigar los hechos denunciados por el grupo socialista en el ayuntamiento y determinar el alcance contable.
El contrato fue firmado en 2014, por un periodo de diez años, con la empresa Lirola Ingeniería y Obras SL.
Según el PSOE, fijó el precio por tonelada en 116,35 euros más IVA y en una de sus cláusulas, la décima, referida a medios personales y materiales, estableció que habría dos trabajadores para desempeñar las tareas de retirada de basura: conductor de camión y peón.
Sin embargo, en septiembre de 2020, el PSOE alertó de que el camión no iba con los dos operarios recogidos en contrato y proponía que se iniciara un procedimiento para sancionar este incumplimiento.
El PP, detallaba la denuncia, fue retrasando la respuesta a las iniciativas planteadas por el PSOE exigiéndole que tomara medidas y rechazó la apertura de un expediente dando por buenos los argumentos de la empresa, "que se escudó en la pandemia y alegó que se había optado por dejar solo al operario de la cabina del camión para así minimizar el riesgo de contagio".
Según el PSOE, No fue hasta el 31 de enero de este año, con la denuncia ya en la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, cuando el alcalde dictó un decreto requiriendo a la empresa adjudicataria que preste el servicio "tal y como se pactó en el contrato", es decir, con conductor y peón, argumentando que "ya habían desaparecido las causas que justificaban la prestación del contrato solo por un trabajador".
La Fiscalía, añade el PSOE, considera que "el menoscabo existe" y lo que habrá que determinar con las diligencias que se practiquen es el importe, "puesto que se prestó el servicio, consintiéndolo el Ayuntamiento, con la mitad de personal que establecía el contrato".
