La Plataforma por la Defensa del Río Castril, junto con el ayuntamiento de esta localidad del norte de la provincia de Granada, ha recurrido ante el Tribunal Supremo el Real Decreto por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias.

Este colectivo ha detallado los pilares básicos de su recurso en una rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles a las puertas del edificio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en Granada.

El recurso se basa en las disposiciones y acuerdos respecto al trasvase del río Castril desde la presa el Portillo hasta el municipio de Baza, los regímenes de caudales ecológicos del Castril y la sobreexplotacion de los acuíferos de la Sierra de Baza.

La plataforma ha denunciado públicamente la actitud de la CHG, con su presidente a la cabeza, que "lejos de buscar y aceptar el consenso" en el territorio del Altiplano de Granada, ha decidido intentar darle cobertura legal a la terminación de unas obras que considera ilegales, pese a que hay otras soluciones más económicas, con menos contestación social y que no afectarían al río Castril.

También ha expuesto que los caudales ecológicos que se prevén dejar son "claramente insuficientes" para mantener los ecosistemas fluviales asociados y no tienen en cuenta las alegaciones presentadas en su día.