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Huelva

Piden a Marruecos la extradición de un empresario acusado de esclavitud

El juicio se ha suspendido en dos ocasiones porque no se ha presentado el imputado, que ya ha sido localizado

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La defensa de un grupo de trabajadores marroquíes presuntamente estafados y sometidos a esclavitud por un empresario compatriota ha solicitado su extradición de Marruecos, donde ha sido localizado, ya que no se ha podido celebra el juicio, suspendido ya en dos ocasiones.

El letrado de los trabajadores, Fernando Osuna, ha dicho a Efe que los cinco marroquíes quieren acelerar el proceso de extradición, ya que en el ordenamiento jurídico español no se puede celebrar un juicio penal en ausencia del acusado cuando la pena sea superior a tres años de prisión, y en este caso es de 40 años.

Este abogado está estudiando el convenio entre España y Marruecos "para ver si cabe la posibilidad de la extradición, y si ello fuese así, se le podría detener en Marruecos y traerlo a España para ser juzgado".


Según Fernando Osuna, el juzgado ya ha iniciado gestiones para proceder a la localización de esta persona, que, de no dar sus frutos, derivarán en otras actuaciones "más contundentes" como la emisión de una orden de busca y captura.

El acusado se enfrenta a penas de entre 14 y 40 años de cárcel por tratar como si fueran esclavos a cinco de sus trabajadores, que eran compatriotas suyos.

El fiscal, que ha calificado los hechos como constitutivos de un delito continuado de estafa, cinco delitos de imposición de condiciones laborales, un delito contra la Administración de Justicia y una falta de lesiones, solicita para el empresario catorce años.

Según el escrito de acusación, los demandantes se encontraban trabajando a principios de 2008 en una empresa textil en Marruecos cuando, a través de uno de sus jefes, conocieron al padre de este empresario quien les comunicó que su hijo necesitaba empleados para su empresa textil en España.

Se les pidió 7.500 euros para sufragar los gastos derivados al arrendamiento de la vivienda en la que se iban a alojar en España y los gastos de gestión de los permisos de trabajo y residencia.

El acusado les ofreció un sueldo de 1.500 euros al mes, trabajando la jornada laboral establecida en España, con categoría de especialistas en textil, una vivienda y que los domingos sería su jornada de descanso, aunque trabajaron 15 horas diarias y nunca llegó a pagarles.

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