La presidenta del Puerto de Huelva, Manuela de Paz, se ha mostrado hoy satisfecha tras su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelvay ha expresado su confianza en que "todo se sobresea".
De Paz ha declarado como imputada tras la querella interpuesta por el sector del Mar de CCOO por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, torturas y contra la integridad moral; falsificación de documentos públicos oficiales y mercantiles, contra la integridad de los trabajadores y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
En declaraciones a los periodistas a la salida de la Audiencia Provincial, donde ha permanecido más de cuatro horas, ha asegurado: "Salgo muy contenta, se ha podido demostrar que no hay nada de nada como lo ha dicho el fiscal, que ha dejado muy clarito que no hay ningún indicio de ningún tipo de delito".
Asimismo, ha precisado que tras esto lo que espera es que "todo se sobresea y que todo se acabe"; sobre lo extenso de su declaración ha indicado que "no ha sido tan larga, sino que se ha retrasado mucho".
Antes que ella ha comparecido ante el juez, por los mismos hechos, el que fuera director del Puerto de Huelva, Pedro García, quien ha abandonado el Palacio de Justicia sobre las 12:00 horas sin hacer ningún tipo de comentario.
Es la segunda vez que De Paz y García comparecen como imputados ante este juez, después de que el pasado mes de junio lo hicieran con ocasión de una pieza separada abierta a raíz de esta querella que abordaba únicamente los delitos ambientales.
En esta causa, que como en la de hoy, la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento, la acusación popular, ejercida por CCOO, ya ha presentado escrito de acusación solicitando penas de 8 años de prisión para cada uno de ellos.
Según la denuncia de CCOO, presentada en junio de 2014, De Paz "supuestamente ha cometido delito de prevaricación por dictar a sabiendas de su injusticia una resolución arbitraria en julio de 2013", por la que se adjudicó a Sandetel la prestación de un servicio informático que prestaban los empleados de la Autoridad Portuaria por 1.134.237,85 euros, en contra del informe del Abogado del Estado.
Igualmente, el sindicato recogía la comisión de un presunto delito de malversación de fondos públicos y una actividad supuestamente delictiva, respecto a la contratación de personal sin concurrencia ni publicidad; a esto sumaban otros hechos relacionados al uso por parte de fondos destinados a la formación de empleados para realización de másteres y otros cursos a pesar de que como directivos no tienen acceso a ellos.
