Financiación e infraestructuras son los dos asuntos que centran las iniciativas que el grupo socialista llevará al Pleno ordinario de la Diputación de Huelva, que se celebrará el próximo miércoles, 1 de febrero. La posibilidad de que las Entidades Locales puedan invertir su superávit, la financiación del sistema de autonomía y atención a la dependencia, la línea férrea Huelva-Sevilla, y la red de carreteras provinciales son los temas que los socialistas, a modo de moción, presentan al Pleno de la institución provincial.
El portavoz del equipo de gobierno en la Diputación, José Luis Ramos, ha presentado estas cuatro iniciativas. En la primera de ellas, el grupo socialista insiste al Gobierno Central a llevar a cabo una revisión del diseño y aplicación de la regla del gasto al objeto de posibilitar que las Entidades Locales puedan invertir su superávit para impulsar prioritariamente inversiones y planes de empleo. La regla del gasto, según los socialistas, obliga a determinadas Administraciones Locales a no poder gastar todo o parte del remanente de tesorería y a tener guardado en el banco, o a quitar deuda por la que se está pagando muy bajos intereses.
Relacionado con la financiación, los socialistas también pedirán en el Pleno del próximo miércoles un nuevo acuerdo de financiación en materia de mantenimiento, conservación y mejora de las carreteras provinciales que sobre las bases de los principios de lealtad y cooperación institucional, transfiera a las diputaciones la financiación suficiente para garantizar el buen estado de la red, especialmente en provincias con deficiencias en materias de vías rápidas, y contemplando una partida específica para la conservación de carreteras transfronterizas.
Según José Luis Ramos, “la Diputación sola no puede mantener los 900 kilómetros de carreteras provinciales que tenemos. Teniendo en cuenta además que tampoco se puede invertir lo que quisiéramos debido a las restricciones impuestas por la regla del gasto”. Por ello, en la moción se pide al Gobierno Central una financiación suficiente de la red provincial de Huelva, teniendo también en cuenta que en la provincia hay carreteras que unen dos países.
En otra de las mociones relacionada con las infraestructuras, los socialistas urgen al Gobierno de la Nación a desarrollar los cuatro proyectos del trazado de Alta Velocidad entre Huelva y Sevilla, para que las obras se desarrollen al unísono con las iniciadas en Las Metas. Los socialistas consideran que en un año “de vital importancia para el sector turístico”, la línea férrea Huelva-Sevilla sigue siendo un ejemplo tercermundista de lo que debe ser una vía férrea.
El portavoz del equipo de gobierno ha recordado que “un informe del Consejo Económico y Social de la Provincia de Huelva del año 2014 ya indicaba que en la última década la provincia había acumulado un déficit inversor en materia de infraestructuras de 1.000 millones de euros, lo que imposibilita la convergencia en igualdad de oportunidades respecto a otras provincias andaluzas y españolas”.
Por último, el grupo socialista también presenta otra iniciativa en la que insta al Gobierno de la Nación el cumplimiento de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, ofreciendo a todas las personas valoradas en esta situación unos servicios y prestaciones adecuados.
En su exposición de motivos, la moción asegura que al cumplirse 10 años de la aprobación de la ley, el balance que hacen los agentes sociales y políticos, el movimiento asociativo y las plataformas de usuarios es que el Gobierno del PP “ha atacado y debilitado el Sistema de Atención a la Dependencia con sus reformas y recortes presupuestarios”.
Según el grupo socialista, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, ha causado “enormes perjuicios” a las personas en situación de dependencia, mermando sus derechos y endureciendo las condiciones para acceder a las ayudas. Todo ello, porque según explica la moción, se ha producido “un gran retroceso en la financiación estatal del sistema, incrementándose sustancialmente la de las comunidades autónomas y el copago de los usuarios”.
