El administrador único y otro colaborador en funciones de dirección de la carbonera ubicada en Moguer (Huelva), y en la que la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIFF), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, apunta el origen del incendio forestal en el paraje de 'La Peñuela' el pasado 24 de junio y que afectó a 8.486 hectáreas en el entorno de Doñana, han recurrido el auto judicial en el que el Juzgado de Instrucción número 2 de Moguer amplía hasta los 73,2 millones de euros la fianza que solicita a ambos, según ha informado a Europa Press fuentes judiciales.
Se trata de un caso que ya cuenta con más de 200 perjudicados personados y precisamente el juzgado le reclama esta cantidad para asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas de esta causa, apercibiéndole que de no hacerlo así, se procederá al embargo de bienes de su propiedad en cantidad suficiente para responder a la suma que se le reclama en un auto que ahora ha sido recurrido.
Esta cantidad es la que ha cifrado la Consejería de Medio Ambiente tras sumar los daños causados por el citado incendio y el juzgado asegura que esta fianza se trata de una nueva petición al personarse nuevos perjudicados, cuyos daños también deberán en su caso ser cubiertos.
A su vez, el juzgado no solo exige una ampliación de la fianza, sino también un requerimiento de la misma para la carbonera, al tratarse de una persona jurídica, responsable civil subsidiaria a la que se le presume mayor capacidad económica.
De las actuaciones realizadas por el juzgado, que acordó el pasado mes de octubre ampliar hasta los 18 meses el plazo de instrucción de la causa por su carácter complejo, se desprende que los hechos suponen indicios racionales de criminalidad por un delito de incendio forestal imprudente.
Estos indicios se extraen del informe de la BIFF donde se recoge que el origen del fuego pudo estar en el contacto de algunas partículas de carbón vegetal, producidas horas antes del incendio, las cuales se convirtieron en ascuas por acción del viento y fueron transportadas por éste, entrando en contacto con la vegetación
En el citado informe, que concluye que la causa única que produce el incendio es una negligencia relacionada con la actividad de la empresa, la brigada asegura que la misma "no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas para minimizar y evitar cualquier situación de riesgo" y que no cumplía con algunas condiciones que la Consejería solicita en la autorización de su actividad.
De igual manera, el juzgado sostiene que aquel día "hubo un momento en el que la fábrica se quedó sola, cuando en la referida autorización hace mención a una vigilancia permanente", así como que la empresa "solo tenía tres hornos autorizados cuando en realidad existían doce, siendo los dos últimos construidos este año" y que el plan de autoprotección de la empresa contra incendios, que se autorizó en agosto de 2007, no ha sido modificado a pesar de haberse ampliado la actividad.
Por todo ello, el juzgado ha decidido ampliar esta fianza hasta los 73 millones de euros y destaca en el auto que solo la extinción ha supuesto un coste de casi 1,5 millones de euros, a lo que debe añadirse todos los daños ocasionados a perjudicados, entre ellos, el camping Doñana y usuarios del mismo, de los que existen distintos presupuestos y facturas aportadas al procedimiento, y los daños reclamados por el Abogado del Estado.
No obstante, el juzgado señala que en el caso de que a lo largo del procedimiento disminuyese el importe de las posibles responsabilidades pecuniarias, podrá reducirse la fianza.
