La incomparecencia de un abogado ha llevado a la Sección Tercera de la Audiencia de Jaén a ordenar nuevamente la suspensión del juicio fijado para este miércoles, con 29 acusados, entre ellos dos guardias civiles, tras el desmantelamiento en septiembre de 2019 del conocido como clan de los Pikikis. La causa es fruto de la operación Zatico desarrollada por la Guardia Civil en septiembre de 2019 y que puso fin a una banda que supuestamente introducía y distribuía en grandes cantidades, cocaína de gran pureza, cannabis y hachís, en la provincia de Jaén.
Al igual que ocurrió el pasado 9 de enero, ha sido nuevamente la incomparecencia de uno de los 15 abogados personados en la causa lo que ha llevado a la suspensión. Ahora, habrá que volver a casar las agendas de los letrados para poder fijar una nueva fecha para una vista que deberá desarrollarse como mínimo en tres días por el elevado número de acusados y testigos.
A 27 de los acusados se le imputan presuntos delitos contra la salud pública, tenencia lícita de armas y defraudación de fluido eléctrico por los que el Ministerio Fiscal les reclama penas que van desde un año y seis meses hasta 15 años de prisión. Para los dos guardias civiles, Fiscalía reclama multas por valor de 4.500 euros y dos años de inhabilitación para cada uno como presuntos autores de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
La operación de la Guardia Civil comenzó en septiembre de 2018 al descubrir a un vecino de Torreperogil, que supuestamente estaba introduciendo partidas de cocaína para suministrar a otros distribuidores con destino a la venta al menudeo en varios puntos de venta de la localidad.
Tras tener conocimiento de este caso, los agentes bajo la supervisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Tres de Úbeda, iniciaron una investigación que se dilató durante casi un año.
La Guardia Civil informó de que durante la primera fase de la investigación quedó acreditado que la persona investigada, adquiría cocaína para "cortarla", adulterarla y prepararla en dosis, que previamente le demandaban los "clientes", para su distribución. Con el avance de las investigaciones, se pudo acreditar, que los "clientes" atendían puntos de venta, y también realizaban labores de entrega de estupefacientes, a aquellos consumidores, que no podían desplazarse, hasta los puntos de venta, mediante el método conocido como 'telecoca'.
Para atender el llamado 'telecoca' registraban líneas de telefonía a su nombre, que eran exclusivamente utilizadas para atender las llamadas de los clientes, todo ello para desvincular a las personas para las que trabajaban, con la sustancia que vendían, en caso de una posible investigación policial, de la que ellos pudieran ser objeto.
Con el avance de las investigaciones se logró conocer la identidad de las personas que mantenían un contacto más estrecho con los investigados, y aquellas que participaban directamente con ellos en las actividades de tráfico de estupefacientes, lo cual permitió conocer, de una persona, con la que compartían lazos familiares, regentaba también un punto de venta, que se abastecía de unos proveedores de Úbeda, y que posteriormente, serían identificados como el clan familiar de los Pikikis, con amplio historial delictivo, tanto por delitos violentos, como por tráfico de drogas.
Por ello, se establecieron dos vías de investigación, las cuales permitieron confirmar, la existencia de una organización criminal muy activa, perfectamente estructurada y jerarquizada, cuya actividad principal, era el tráfico de drogas, la cual introducía periódicamente importantes partidas de estupefacientes, principalmente, cocaína de gran pureza, que posteriormente cortaban y adulteraban ellos mismos, para aumentar los beneficios económicos que blanqueaban mediante la compra-venta de inmuebles y vehículos de alta gama.
Al frente de la organización se encontraba una mujer, considerada la matriarca del clan, bajo cuya dirección, y con distintos cometidos, se encontraban cuatro de sus hijos, quienes supuestamente participaban directamente en las actividades ilícitas.
Paralelamente a las labores operativas realizadas, se dio inicio a una investigación patrimonial, que permitió descubrir, tanto el patrimonio real que los investigados poseían, como la vinculación directa del aumento de dicho patrimonio, con las actividades ilícitas a las que se dedicaba la organización, y que intentaban blanquear, mediante la adquisición de inmuebles, vehículos de alta gama y embarcaciones que registraban, a nombre de testaferros y falsos propietarios, y que en otros casos, intentaban justificar fiscalmente con la actividad comercial de una de las empresas de las que era propietaria una de las detenidas.
En las dos primeras fases de la operación policial, procediéndose a la realización de 16 registros domiciliarios, tanto en Úbeda, como en varias localidades de la provincia de Jaén, con un despliegue policial de más de 200 efectivos de la Guardia Civil.
Durante la operación se intervinieron dos kilogramos de cocaína de gran pureza, ocho kilogramos de hachís, dos plantaciones de cannabis, con 800 plantas, 70.000 euros en metálico, 15 inmuebles, multitud de joyas, seis vehículos de alta gama, una embarcación marítima, dos pistolas, dos escopetas, seis básculas de precisión, diversos fármacos para la adulteración y corte de la cocaína y 48 kilogramos de picadura de tabaco y máquina industrial para el picado del mismo.
