El pleno del Ayuntamiento de Jaén no ha aprobado la propuesta llevada por el Partido Socialista de forma extraordinaria. Se ha rechazado levantar la suspensión de los procedimientos judiciales iniciados en el anterior mandato con Aqualia al entender que había cobrado cantidades indebidas fruto de "situaciones irregulares" que contravenían el contrato por el que le fue adjudicada la gestión del agua, de modo que se pretenden recuperar para las arcas municipales.
Como único punto del día en esta sesión, la propuesta llevada por los socialistas no ha salido adelante, ya que PP, Jaén Merece Más y VOX han votado en contra.
La oposición llevaba este asunto a pleno para pedir explicaciones ante la suspensión de los dos procedimientos judiciales abiertos contra Aqualia, los cuales fueron abiertos con los socialistas al frente del gobierno municipal, de la mano de Ciudadanos.
El concejal socialista Francisco Lechuga ha puesto de relieve la labor de control de las concesionarias llevada a cabo durante su gobierno. En el caso de Aqualia, ha aludido a dos aspectos concretos: los costes unitarios de 2019 a 2021 y la legalidad de los convenios que las sucesivas corporaciones municipales habían formalizado.
En ambos casos dice que se detectaron "situaciones irregulares" que afectaban directamente al Consistorio. “Lo que queremos es que se levante esa suspensión, que no se tarde ni un minuto en que el Ayuntamiento pueda recibir lo que le corresponde”, afirmaba Lechuga.
Enfrente cabe resaltar la postura del actual equipo de gobierno, hoy explicada por el concejal responsable de Control de Empresas Concesionarias, Vicente Oya. Este ha dicho que se ha "pedido tiempo para poder estudiar y ver la trascendencia de estos procedimientos".
"La suspensión no significa renuncia a ningún tipo de derecho que este Ayuntamiento pueda tener, no significa un allanamiento a las pretensiones de ninguna concesionaria, no significa un desestimiento de cualquier actuación que podamos tener", ha explicado el también tercer teniente de alcalde. Ha insistido en que lo único que se ha hecho es “pedir 60 días” de análisis ante procesos tan complejos.
Por parte de Vox, Eduardo Calvo se ha referido a la "situación compleja jurídicamente" y "dilatada en el tiempo desde 1997". Ha dicho que no renuncian ni dan por perdidas las cantidades económicas que una sentencia favorable pudiese suponer para el Consistorio al Ayuntamiento, si bien ha abogado por actuar "con responsabilidad".
