Se trata de la 'Operación Holmes', según ha denominado la Junta de Andalucía, la cual va a permitir la recompra de 70 inmuebles que el Ejecutivo autonómico vendió a la empresa WP Carey. La inversión asciende ahora a los 328 millones de euros, tal y como anunció el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este pasado lunes.
En la capital jiennense son siete los edificios incluidos en esa venta de 2014, como los dos de la Delegación del Gobierno andaluz, ubicados en Paseo de la Estación. También el que alberga el Servicio de Formación de la Delegación Territorial de Empleo, o el de la Delegación Territorial de Empleo, Políticas Sociales, Industria, Energía y Minas.
Por otro lado hay que añadir el inmueble perteneciente a la Delegación de Hacienda y la Delegación de Medio Ambiente, en la Avenida de Madrid. A ello se le suma el del Instituto Andaluz de la Mujer, en la calle Hurtado y el local de la Delegación de Justicia y Administración Local, situado en la calle Isaac Albéniz.
Jesús Estrella ha destacado que esta operación va a permitir el ahorro por el alquiler de estas sedes, algo que permitirá disponer de más recursos en ámbitos como la educación o la salud, según ha remarcado el delegado. En total esta 'Operación Holmes' supondrá un ahorro de más de 100 millones globales a las arcas autonómicas.
"Los cálculos nos muestran que este acuerdo va a suponer para la provincia de Jaén un ahorro global de 35,5 millones de euros que hubiéramos tenido que seguir pagando hasta 2034 en el caso de no haber llevado a cabo esta recompra", ha resaltado Estrella.
El cómputo global de los siete edificios de la capital jiennense suma 2,9 millones de euros al año. Cantidad que se elevaría a los 3,4 millones de euros al año al llegar 2034 por el incremento del 1,5 por ciento anual.
En este sentido, Estrella ha dicho que la inmensa mayoría de estos inmuebles "eran y son sedes territoriales del Gobierno andaluz en los que trabajan en torno a 860 funcionarios y empleados de la Junta". Además, ese acuerdo de venta de 2014 incluía la obligación autonómica alquilar esos mismos edificios a un precio determinado durante un plazo de 20 años, hasta 2034, con una cláusula de un incremento de 1,5 por ciento anual.
