El informe presentado esta mañana por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, sobre los casos de abusos sexuales ocurridos en el seno de la Iglesia católica, arroja 9 casos sobre víctimas jiennenses. Así se desprende del anexo del informe que reúne en el total de España 487 víctimas, un 87% de ellas, hombres que han denunciado abusos ante la unidad de atención a víctimas de la comisión creada por el Defensor del Pueblo. Además de los testimonios directos, han tenido en cuenta otras fuentes provenientes de organismos oficiales, de la Iglesia y de la investigación del diario El País. Informe fruto de una profunda investigación realizada para la elaboración de un informe, encargado por el Congreso de los Diputados, que reúne los testimonios de esas 487 víctimas.
En el caso de la provincia, los casos denunciados se localizan en Andújar (3 casos: dos en el colegio trinitario Virgen de la Cabeza, y uno en el seminario de los Padres Paúles), Alcalá la Real (dos casos: uno en la Parroquia de El Salvador y otro en la Sagrada Familia), uno en Torredelcampo (en la Parroquia de San Bartolomé), uno en Martos (Colegio Calasancio Hijas de la Divina Pastora), otro en Úbeda en el seminario de la SAFA y otro en el Seminario de la capital jiennense.
El documento ha analizado las experiencias de 487 víctimas y las respuestas ofrecidas por parte de la propia Iglesia, caracterizadas por la «ocultación» y la «minimización del problema», y de los poderes públicos, marcadas por la ausencia de «procedimientos adecuados».
El informe es resultado de la investigación que la Cámara encargó al Defensor del Pueblo hace año y medio y, aunque no cuantifica el número total de posibles víctimas de los abusos, aporta una encuesta que revela que el 0,6% de los españoles ha sufrido abusos sexuales por parte de un sacerdote o religioso.
«Es necesario dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido, de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio», ha asegurado Gabilondo en una rueda de prensa desde el Congreso. Solo una pequeña parte de los acusados han sido juzgados por las autoridades civiles, mientras que la mayoría de ellos continuaron en sus puestos, otros fueron traslados y, en menor medida, algunos fueron juzgados por el derecho canónico.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado el trabajo de «profesional» y «respetuoso», un «hito», ha dicho, que ahora se analizará para actuar en consecuencia a sus recomendaciones. «Hoy nuestra democracia es una democracia mejor», ha insistido antes de ofrecer el compromiso de las instituciones públicas «en darles una respuesta» a las víctimas.
Por su parte, la Conferencia Episcopal Española ha decidido celebrar el próximo lunes una asamblea plenaria extraordinaria para estudiar el informe.
