Confrontación entre las Universidades Públicas de Andalucía y la Junta. Este lunes, las instituciones universitarias, entre las que se encuentra la Universidad de Jaén, han publicado un comunicado, con el que
muestran su “firme rechazo a la estrategia de privatización del sistema universitario andaluz puesta en marcha por la Junta de Andalucía”. En este documento, firmado por los diez rectores en cuestión, apuntan que
“la inminente autorización para la implantación de una universidad privada con sede en Madrid en nuestra Comunidad Autónoma abre la puerta a una nueva y alarmante fase en esa estrategia de privatización del derecho a la educación superior en Andalucía”.
En esa misma línea, exponen que “la trayectoria política sobre esta cuestión es muy clarificadora. Con el actual gobierno autonómico
estamos pasando de una a cinco universidades privadas en tan solo dos años, y ahora habría que sumar a las anteriores una sexta entidad privada, foránea en este caso, la Universidad Pontificia Comillas, para impartir enseñanzas universitarias oficiales del Grado de Enfermería en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Juan de Dios de Bormujos (Sevilla)”.
Por otro lado, entienden que “esta nueva vía para la privatización exprés del sistema universitario andaluz
sienta un preocupante precedente, que puede acabar desembocando en que los centros adscritos que hay en Andalucía, actualmente sujetos a la legislación andaluza y bajo el control académico y económico del sistema universitario público andaluz, se conviertan en meras franquicias de universidades privadas ajenas a nuestra Comunidad Autónoma.
En definitiva, es una forma de que lleguen nuevas universidades privadas sin ni siquiera tener que pasar por el preceptivo control del Parlamento de Andalucía”.
Así, pues, el documento firmado acaba anunciando que
“las Universidades Públicas de Andalucía anticipamos nuestro voto en contra en el informe preceptivo que habrá de emitir la Comisión Académica del CAU mañana martes. Un voto contra la competencia desleal y los privilegios otorgados a las universidades privadas. Y, en definitiva, un voto a favor de la igualdad de oportunidades, la calidad de la enseñanza pública y la sociedad del conocimiento”.