Medio centenar de vecinos de una urbanización jiennense se encuentran en un surrealista limbo administrativo porque, pese a estar sus casas situadas junto al municipio de Noalejo, legalmente pertenecen al vecino pueblo de Campillo de Arenas, cuyo núcleo está a tres kilómetros de distancia.

“La acera de nuestra calle pertenece a Noalejo y la de enfrente, a Campillo de Arenas”, explica a EFE Montserrat Rayo, una de las afectadas por este conflicto a cuenta de la incierta delimitación de los términos municipales de Noalejo y Campillo de Arenas, un conflicto que se remonta al año 1873.

Los vecinos de esta urbanización creada en los años 80 han pedido amparo al Defensor del Pueblo de Andalucía después de que el Ayuntamiento de Noalejo les haya dado un plazo de tres meses para dejar de prestarles los servicios básicos municipales, como el agua, basura, alcantarillado, pavimentación e iluminación. 

Los afectados han venido pagando los correspondientes recibos de IBI en dicho municipio hasta el año 2007, en el que el Consistorio de Campillo de Arenas los incorpora a su padrón municipal de IBI aunque no al resto de tributos locales.

En 2018, Noalejo impulsó un procedimiento de deslinde ante la Junta de Andalucía, al considerar que dichos inmuebles se ubicaban en su término municipal y no existir una línea divisoria definitiva entre los dos términos.

En abril de 2023 se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) una resolución por medio de la cual quedan identificados los datos definitivos de amojonamiento entre los términos de Noalejo y Campillo de Arenas, dos municipios que están en el límite geográfico entre Jaén y Granada y dentro de la comarca de Sierra Mágina.

Montserrat Rayo explica que desde entonces han sido numerosos los contactos entre los dos ayuntamientos en conflicto para intentar dar una solución a esta problemática, pero todos ellos han sido infructuosos.

Fue el pasado 23 de mayo cuando el Ayuntamiento de Noalejo les comunicó que va a dejar de prestar los servicios y suministros a sus viviendas y les indicó que su padrón habitacional debería pertenecer a Campillo de Arenas al considerarse suelo urbano consolidado.

Sin embargo, cuando solicitaron al municipio de Campillo de Arenas la prestación de los servicios básicos, aseguran que este se negó excusándose en que es el de Noalejo el que por proximidad debe prestarlos.

“Es una situación surrealista que ha traído la inquietud a nuestras familias”, asegura Montserrat Rayo, que anuncia la próxima creación de la plataforma de afectados.

Los alcaldes de ambos municipios, Antonio Morales (Noalejo) y Juan Francisco Figueroa (Campillo de Arenas) que mantienen buena sintonía, están en conversaciones con la Diputación Provincial para intentar zanjar el conflicto y sacar del limbo jurídico en el que se encuentran a los vecinos de esta urbanización.