Este jueves, la vicepresidenta segunda de la Diputación de Jaén, Pilar Parra, comparecía ante los medios para dar un ultimátum al Ayuntamiento de Jaén. Le piden un compromiso de pago para no suspender el servicio de tratamiento de residuos de la capital. Este viernes, el Ayuntamiento ha respondido y asegura que la deuda es menor a la presentada por la Administración provincial. Así lo ha indicado el nuevo concejal de Hacienda, José María Álvarez, que insiste en que el déficit anual que exponía la Diputación, de 2.7 millones de euros, no es así, sino de medio millón.
Álvarez añadía que la Diputación de Jaén no habría tenido en cuenta otras compensaciones que existen entre ambas administraciones. “Pilar Parra no sabe sumar, pero sí dividir porque está dividiendo dos administraciones que deben trabajar paralelamente”. Con dureza comenzaba José María Álvarez esta rueda de prensa, asegurando que la de este jueves era una “amenaza” de la Diputación.
Así, el edil de Hacienda ha asegurado que el Ayuntamiento puede hacerse cargo de ese medio millón de euros, insistiendo en que es la cantidad que supone el déficit anual con la Diputación para el servicio de tratamientos de basuras. Para solventar la situación, este mismo viernes el Consistorio ha solicitado una reunión urgente, y esta se llevará a cabo el próximo lunes a las 9 de la mañana.
Muy seguro está José María Álvarez de que esta reunión acabe con un resultado beneficioso para ambas partes. “Se va a llegar a un acuerdo seguro; el plan B es llegar a un acuerdo. El día 1 se va a recoger la basura porque vamos a llegar a un acuerdo”, añadía. Con estas declaraciones, el Ayuntamiento deja abierta la posibilidad de no recoger la basura de la capital en caso de no alcanzar un acuerdo, “al no contar con un lugar donde depositarla”. Por ello, cree que la Diputación aceptará su propuesta y la situación pueda estar encauzada antes del 30 de septiembre, fecha en la que expira el convenio actual. Hay que recordar las palabras de Pilar Parra, la cual aseguraba que el Ayuntamiento tendría que llevar los residuos a una planta fuera de la provincia si no se solventaba el conflicto.
Ante esa tesitura, el edil se ha preguntado si el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, está dispuesto a suprimir un servicio fundamental por una deuda de medio millón, dinero que, además, el Ayuntamiento está dispuesto a "pagar en breve" a la Administración provincial.
Esta pretensión es, a su juicio, tanto más grave cuanto que el presupuesto de la Diputación asciende a 322 millones de euros, cifra a la que los ciudadanos de la capital aportan más de 20 millones de euros por vía impositiva. En esa misma línea, ha dicho que sería responsabilidad de la Diputación el hecho de no alcanzar un acuerdo y suspender el servicio, por consiguiente.
