La administración andaluza tarda de media 609 días en enviar las resoluciones de las prestaciones para la Ley de Dependencia. Según las estadísticas del Imserso, han sido 1.472 los andaluces muertos esperando una valoración en los siete primeros meses del año.
El pasado mes de noviembre una sentencia dictada en un juzgado de Granada abría la puerta a miles de personas afectadas para reclamar compensaciones por estos retrasos. Un juzgado de lo Contencioso ha condenado a la Junta a estudiar una compensación para los herederos de una mujer fallecida que tardó dos años y dos meses en recibir la resolución de la ayuda solicitada cuando la debía haber recibido en un plazo máximo de seis meses.
Con esta sentencia se abre un precedente, si la Junta de Andalucía se niega a aceptar las reclamaciones de quienes llevan esperando meses estas resoluciones, los afectados podrían ir a los tribunales.
Uno de estos afectados es Andrés Medina. Su esposa padece alzheimer y su madre cuenta con un grado II de Dependencia. Durante más de dos años Andrés ha sufrido el silencio administrativo, la complicación de las competencias entre los municipios de la provincia y la capital jienense en la aplicación de la Ley, la no atención presencial o la negativa a valorar a la persona dependiente después de dos años de la última, que se puede solicitar por si el grado de dependencia ha aumentado durante ese tiempo.
“Un retraso de casi dos años en personas que tienen 80 ó 90 años o una enfermedad grave o degenerativa me parece un disparate. En el caso de mi madre, que tiene 90 años, llevamos dos años esperando a que se le aplique el grado II de dependencia que fue aprobado en 2021”, explica Andrés.
A pesar de que reconoce que la Ley es un respaldo para las familias y en su día fue muy beneficiosa, reclama que no se puede abandonar ni dejar de lado a las personas con alto grado de vulnerabilidad. “Muchas veces los hijos viven lejos de los padres o no se cuenta con familiares cerca y los impuestos del Estado sirven para que podamos percibir este tipo de servicios o prestaciones”, sentencia.
Los afectados por los retrasos en la aplicación de la Ley de Dependencia denuncian que desde la pandemia se ha enlentecido su aplicación y se ha recurrido a los trámites telemáticos lo que ha provocado “la deshumanización de la administración”.
“Me considero una persona formada y he llegado a pensar que la administración me está ‘toreando’, no quiero pensar a personas que no tengan una formación media”, afirma Andrés quien explica que tampoco es normal no recibir por escrito la contestación de la administración a determinadas solicitudes.
Plataforma
Andrés cuenta que conoce casos similares al suyo y que los afectados lo aceptan con resignación. Por eso, pretende crear una plataforma o asociación de afectados por este asunto para reclamar los retrasos, los perjuicios que se está provocando a los enfermos así como un cambio de funcionamiento en la administración. “Los afectados debemos dar un paso al frente y luchar por nuestros derechos. Tengo dudas de que se estén cumpliendo los plazos legales en las contestaciones a los ciudadanos y estoy pensando en tomar medidas legales”, sentencia.
Desde este medio anima a quienes vivan una situación similar a contactar con él a través del teléfono 660503127 porque “la unión hace la fuerza”.
Actualmente, más de 55.000 personas están a la espera de que la administración resuelva sus expedientes sobre la Ley de Dependencia.
