Quince personas han sido liberadas como víctimas de explotación laboral en Jáen y Málaga. La Guardia Civil ha detenido a ocho personas e investiga a tres por, presuntamente, favorecer la inmigración ilegal mediante la comisión de delitos contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental, coacciones, usurpación de identidad y fraude a la Seguridad Social. También operaban en Murcia.
La operación 'Salaria' ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital. Las víctimas eran explotadas laboralmente, no tenían contrato ni contraprestaciones económicas por su trabajo, y las jornadas excedían "todos los límites legales" y "sin ningún tipo de descanso".
Bajo el control de la organización eran alojadas en viviendas carentes de las mínimas condiciones higiénicas, sanitarias y de habitabilidad, e incluso algunos trabajadores vivían en los mismos establecimientos de hostelería en los que trabajaban.
Las retenidas se encontraban siete en Jódar, dos en Cazorla, dos en Villacarrillo, una en Jaén y tres más en Ronda. Según detalla la Benemérita en un comunicado, la operación comenzó cuando, en un corto espacio de tiempo, se abrieron una veintena de de establecimientos de comida rápida en Jaén.
Los negocios llamaron la atención de los agentes, pues tenían "escasa o nula actividad" y comprobaron que la mayoría de los empleados eran pakistanís "en situación irregular" en España.
Diecinueve entradas y registros
La Guardia Civil ha llevado a cabo 19 entradas y registros en inmuebles pertenecientes a la organización, en los domicilios de los principales dirigentes, también en establecimientos de comida rápida y en las viviendas que utilizaban para albergar y controlar a las víctimas en Jaén.
Los investigadores localizaron documentación falsa en los registros utilizada por los trabajadores para evitar posibles inspecciones y falsificar empadronamientos, contratos de alquiler y compraventa de inmuebles falsos.
La organización se encontraba liderada por tres individuos de origen pakistaní, propietarios de las empresas y establecimientos, que dirigían y organizaban el entramado. Otro grupo intermedio se dedicaba a controlar y trasladar a los empleados entre los diferentes establecimientos y viviendas, sirviendo de enlace
entre los cabecillas y los empleados.
Algunos de ellos desempeñaban la función de testaferros, siendo puestos a su nombre algunos de los establecimientos. Entre los detenidos e investigados de origen pakistaní, hay un detenido de nacionalidad española, quien presuntamente habría dado cobertura a la organización en relación a la tramitación de expedientes para las regularizaciones de estancias en territorio español.
La promesa de documentación legal
El cebo para las víctimas era la promesa de lograrles "documentación legal" en España. También les retenían la documentación personal para dificultar que pudieran moverse libremente.
La organización era financiada por el dinero que las víctimas pagaban a cambio de su regularización, a costa de trabajar sin ningún tipo de cobertura legal ni remuneración.
