El Ayuntamiento de Carboneras ha solicitado asistencia técnica a la Diputación de Almería para dar respuesta a los requerimientos efectuados por el TSJA de cara a corregir las deficiencias detectadas en la adaptación de su planeamiento para declarar de forma efectiva "no urbanizables" los terrenos de El Algarrobico, en los que se asienta el hotel de Azata, y El Canillar al trasladar, ahora, que carece de arquitecto municipal para ello.
En una nueva providencia, consultada por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-administrativo requiere al alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), para que, ante tal situación, informe "cada diez días" de las actuaciones que se lleven a cabo por parte de la Unidad de Asistencia a Municipios del Área de Urbanismo de la institución provincial a la que se ha solicitado su colaboración.
En esta línea, la magistrada María del Mar Jiménez Morera también ha instado al primer edil a que comunique la identidad de la autoridad o del funcionario de la unidad que asumirá la prestación con la que se pretende dar cumplimiento a los cambios y actuaciones ordenadas de cara a conformar los sectores ST-1 y ST-2 como no urbanizables.
El tribunal solicitó la corrección de varios aspectos que fueron advertidos tanto por las organizaciones ecologistas como por la Junta de Andalucía para una plena modificación del plan general de Carboneras, entre ellos, la "publicación" de la normativa urbanística "corregida" en ejecución de sentencia.
Esta era una de las principales cuestiones que interesaban los demandantes, quienes entendían que el Ayuntamiento había limitado únicamete a llevar el contenido de la sentencia, que le obligaba a declarar no urbanizables los suelos, a los instrumentos técnicos del planeamiento sin de darle publicidad a los cambios en los boletines oficiales correspondientes.
Otro de los aspectos que solicitaba el TSJA era hacer desaparecer la inclusión de 'El Canaillar' como suelo urbanizable vigente, así como otras menciones ligadas a este aspecto.
NUEVO CONVENIO CON GARRUCHA
En su comunicación del pasado 7 de febrero, el Ayuntamiento de Carboneras explicaba que a principios de enero expiró el convenio de colaboración que mantenía con el Ayuntamiento de Garrucha para, mediante una encomienda de gestión, poder realizar funciones en materia urbanística a través de su arquitecto.
En este sentido, el Consistorio carbonero ha asegurado que ya se tramita un nuevo convenio entre ambos ayuntamientos que le permita disponer del arquitecto municipal de Garrucha durante 14 horas a la semana aunque, para dejar patente su "voluntad inequívoca" de dar cumplimiento a lo acordado por el TSJA, se ha solicitado de forma paralela la asistencia a la Diputación.
Aunque el Ayuntamiento de Carboneras señala la vía de la Diputación para dar respuesta al TSJA, apunta de otro lado que los informes que se encargan a su unidad de asistencia habitualmente "se han demorado en el tiempo" debido a su "gran carga de trabajo", por lo que dicho recurso "no supone finalizar con la situación de bloqueo" o atender las necesidades que surjan "de forma urgente o imprevisible".
Así lo recoge en la propia propuesta del convenio a suscribir con el Ayuntamiento de Garrucha que ha remitido al alto tribunal andaluza para justificar la necesidad de conformar la encomienda de gestión que le permitiría acceder a un arquitecto municipal.
Por otra parte, el alcalde de Carboneras pone en conocimiento del TSJA que ya cuenta con secretaria para realizar las comunicaciones sobre los trámites solicitados. Cabe recordar que Hernández pidió al TSJA que detuviera los plazos de diez días que había acordado bajo advertencia de posibles multas coercitivas si había dilaciones en las comunicaciones requeridas.
"CUATRO AÑOS" DE TRAMITACIÓN
El tribunal ha dispuesto que se esté a lo ordenado en su última comunicación pese a las quejas formuladas por los colectivos ecologistas, quienes han incidido en que "hace unos cuatro años" que se tramita la pieza de ejecución destinada a modificar el PGOU "sin que el Ayuntamiento de Carboneras haya mostrado interés en cumplir la sentencia".
Así, desde Greenpeace se ha insistido de nuevo al tribunal para que sea el propio TSJA el que ejecute la sentencia "dado el tiempo transcurrido" así como "los subterfugios utilizados" por el Ayuntamiento, el cual "no ha cumplido absolutamente ninguna de las numerosas sentencias relacionada con el hotel".
Para la organización, la concatenación de hechos le lleva concluir que el Ayuntamiento de Carboneras "no va a cumplir la citada sentencia", por lo que cree preciso que sea la Sala la que la lleve a cabo, si bien desde la misma da por oída a la parte y se atiene a la providencia a la espera de que el Ayuntamiento cumpla con los pasos requeridos.
